Desprecio institucional

Por tercera vez, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo repitió el lunes, en la inauguración del Año Judicial presidida por el jefe del Estado, que el retraso en la renovación de los órganos institucionales, que dependen del Parlamento, constituye una ‘grave anomalía’. «Es la propia Constitución la que fija cinco años de duración del mandato de cada consejo -recordó Lesmes-, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes púbicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones». El año pasado se expresó en términos parecidos, que no debieron conmover a sus señorías presentes, sin el refinamiento jurídico suficiente para acabar de entender lo lesivo que resulta vulnerar gratuitamente las normas básicas del Estado de derecho.

La actual fórmula de elección del Consejo General del Poder Judicial fue aprobada en 2013, en tiempos de Gallardón y cuando parecía existir una mayoría, dentro y fuera de la legislatura, partidaria de que el poder judicial se dotara a sí mismo de sus órganos de gobierno (el PP había propuesto en su programa electoral dicha fórmula). No sólo no se hizo tal cosa sino que la reforma fue en dirección contraria, consensuada con el PSOE: parlamentarizó al máximo la elección. Se eliminaban las primarias entre las asociaciones judiciales, y la elección por mayoría de tres quintos corría totalmente a cargo del parlamento.

Algunos -¿quizá muchos?- pensamos que esta es la interpretación correcta del artículo 122.2. Los veinte consejeros, aunque de distintas procedencias según el referido artículo, deberán ser elegidos por mayoría de tres quintos por una u otra cámara. La razón de ello es que el Poder Judicial no es un poder autónomo desvinculado de la soberanía, sino que debe apoyarse también en la representación popular para que exista un correlato entre los poderes Legislativo y Judicial. Pero para que semejante parangón se mantenga, aun con inevitables desajustes, es preciso respetar los tiempos y los plazos. En la actualidad, los órganos institucionales muestran una clara mayoría conservadora, que se corresponde con la correlación de fuerzas durante la legislatura en que Rajoy gobernó con mayoría absoluta.

Así las cosas, la obstrucción del PP a la renovación de tales órganos constituye un fraude al espíritu de la Constitución, que no tiene otra justificación que la fría y sórdida ambición de poder. La tesis de que el PP no pactará con el PSOE mientras este partido mantenga su coalición con Unidas Podemos, una formación de alardea legítimamente de republicanismo, es simplemente exótica y por añadidura entra en contradicción con los pactos que mantiene por su parte el PP: es la extrema derecha la que está siendo proscrita en Europa, y no la izquierda populista.