El Govern de la Generalitat destina 5,8 millones al referéndum, aunque lo reviste de «procesos electorales y participativos» para evitar la impugnación. Pero, como debe contentar a la CUP, que pedía una mención directa del referéndum, ha añadido que se habilitarán partidas para «la organización del referéndum sobre el futuro político de Catalunya en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria».
La idea es que en julio se aprueben las «leyes de desconexión», que declaren las leyes catalanas predominantes. Entonces llega el «momento de convocatoria» del referéndum de septiembre ya con este supuesto marco legal.
Artur Mas dijo en el 9-N que contra el Estado hay que emplear la astucia. En este sentido, Junts pel Sí son asiduos al juego de palabras, mientras que la CUP aborrece los disfraces. El resultado es este texto infumable que el TC deberá afrontar.