Disparidad de criterios en los tribunales

El TSJC mantiene las restricciones a bares y restaurantes, a diferencia de su colega vasco, lo que agudiza el desconcierto

18 febrero 2021 09:20 | Actualizado a 09 marzo 2021 19:52
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acordó ayer mantener las restricciones a la apertura de bares y restaurantes y el cierre al público de las actividades de juego, casinos y salas de bingo dictadas por el Govern ante la pandemia de coronavirus, denegando así las medidas cautelares que habían solicitado varias asociaciones y federaciones del sector de la hostelería y el juego. El auto sostiene que la pandemia sigue constituyendo una amenaza de gravedad mayúscula y que constituiría una imprudencia relajar las medidas restrictivas. Y, si bien reconoce que estas medidas «seguirán acarreando perjuicios económicos no menores a sus destinatarios, que podrán verse resarcidos con posterioridad a través de los cauces procedimentales y legales de rigor», considera que debe prevalecer el riesgo que para la vida humana supone la Covid-19.

El hecho de que el auto contara con dos votos particulares evidencia lo complicado que resulta tomar decisiones en la actual situación. De hecho, la decisión del tribunal catalán difiere de la que tomó hace unos días el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que permitió reabrir bares y restaurantes en Euskadi. La cadena de resoluciones en los tribunales a que están dando lugar las restricciones en la movilidad y la actividad no solo muestra una disparidad de criterios en la interpretación de las mismas leyes que agudiza el desconcierto de una sociedad que no sabe a qué atenerse; escenifica además disensos entre los poderes ejecutivo y judicial nocivos en un contexto en el que la virulencia de los contagios obliga a decisiones operativas tajantes. El insólito desafío que representa el virus y las diferentes medidas que para combatirlo rigen en las distintas comunidades autónomas e incluso la disparidad de criterios de los tribunales desembocan en una ceremonia de la confusión que no puede recaer sobre los hombros de la ciudadanía. Una ciudadanía a la que se le puede y debe exigir toda la responsabilidad por el bien común. Pero no que sea ella la que tenga que salvar las lagunas entre las decisiones de los gobiernos y la justicia.

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