El ‘3%’ ya tiene sentencia judicial

Los responsables últimos de las comisiones se han ido de rositas. El único de Convergència que paga el pato es el extesorero

 

16 enero 2018 23:53 | Actualizado a 22 febrero 2018 17:46
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La sentencia del caso del Palau de la Música supone la puntilla definitiva para la histórica Convergència Democràica de Catalunya, el partido fundado por Jordi Pujol y desde el que capitaneó treinta años de gobierno autónomo, no siempre de forma honorable, como ha puesto de manifiesto la sentencia que ayer hizo pública la Audiencia de Barcelona. El recurrente 3% ya no es un dardo político con el que lacerar al adversario en los debates parlamentarios. Las comisiones a partidos políticos para obtener a cambio la adjudicación de obra pública ya están reconocidas por sentencia judicial. Todos los condenados han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo, pero la contundencia de las pruebas, comenzando por la propia confesión de los principales encausados, Millet y Montull, dejan muy poco margen a una rectificación del fallo. Los responsables de Convergència vieron venir el castigo desde el primer momento. En el caso Palau hay que buscar la razón primordial por la que el pujolismo abandona las históricas siglas y funda el nuevo partido PDeCAT. La sentencia condena a CDC a pagar 6,6 millones de euros por las cantidades que el partido recibió de forma irregular. La cifra supone una losa que Convergència (que ya tenía la sede embargada) no podía superar. Todas las derivadas del caso de la familia Pujol añadían el resto. La sentencia ha sido recibida con estupor por parte de los ex convergentes. Artur Mas ha asegurado que no esperaba una sentencia tan «dura» y ha recalcado que Convergència ya pagó, con su disolución en 2016, «un precio muy alto» por las irregularidades investigadas. Sin embargo, el único condenado del partido por el saqueo del Palau ha sido el extesorero, Daniel Osàcar, al que le han caído cuatro años y cinco meses de prisión por el cobro de comisiones ilícitas procedentes de Ferrovial, que a cambio recibía obra pública. Nadie puede sostener de forma creíble que tales operaciones fueran competencia exclusiva del tesorero. Es evidente que los últimos responsables han salido airosos del trance.

 

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