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El 'Proceso', la 'caza mayor' y el 3%

El Estado utiliza todas sus armas para dinamitar el Proceso, incluso la judicial, pero no exime a CDC de su problema con el 3%

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El mismo día en que el president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, firmaba el decreto de constitución del nuevo Parlament, la Guardia Civil realizaba un nuevo despliegue dentro de la Operación Petrum, también conocida como caso Torredembarra o más genéricamente caso del 3%. En esta ocasión la actuación policial se saldó con la detención de una decena de personas entre las que se encuentran el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya, Andreu Viloca, y el director de GISA (la empresa que impulsa la obra pública de la Generalitat), Josep Antoni Rosell. Además de la sede de CDC en Barcelona, la Guardia Civil ha registrado siete empresas a la búsqueda de documentos que puedan delatar la supuesta trama de comisiones ilegales, el famoso 3%. La coincidencia de la convocatoria del Parlament con la actuación policial ha sido denunciada por Artur Mas, que se siente «objeto de caza mayor». Sería de incautos ignorar que el Gobierno ha desplegado todas sus armas (incluida la judicial) para cortar de raíz los planes independentistas de Mas. Del mismo modo es difícil argumentar que un juez joven, de primer destino, como es el caso del que instruye la causa en el juzgado de El Vendrell, no obre desde una estricta profesionalidad e independencia. El proceso independentista está siendo bombardeado por todos los flancos, es verdad, pero Convergència tiene un problema que, como ya denunció Maragall, «se llama 3%».

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