El Rey (emérito) y Laura Borràs

La inmunidad del Jefe de Estado no es algo propio de España. Muy al contrario, está generalizado de una u otra manera en la mayoría de los estados democráticos

PERE LLUÍS HUGUET TOUS

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PERE LLUÍS HUGUET TOUS

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No sufran, no voy a revelar ninguna relación entre ambos, pero sí el diferente tratamiento que especialmente algunos personajes, incluido algún jurista de estómago agradecido, han dado a los presuntos delitos cometidos por ambos.

Vaya por delante que considero, que una vez abdicó, pierde la inmunidad que la Constitución le otorgó y que debe someterse, como cualquier otro ciudadano, a los tribunales, por los actos cometidos desde aquella fecha, gozando únicamente del aforamiento ante el Tribunal Supremo que le otorga el artículo 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

También he oído y leído estos últimos días de algún dirigente independentista y algún que otro iluminado de Unidas Podemos, decir que con una república no habría inmunidad de su presidente, lo cual resulta de una simpleza e inexactitud considerables, que ponen de manifiesto una ignorancia supina. En primer lugar debemos señalar que la mayoría de repúblicas y monarquías parlamentarias, tienen sistemas de inmunidad para el Jefe del Estado, desde la inmunidad pura y simple, como ocurre en la actualidad en España, a sistemas que requieren la participación del órgano parlamentario para autorizar el inicio de las acciones legales, gozando de inmunidad si falta esa autorización, como ocurría en la II República española o en EEUU con el sistema denominado impeachment, donde el propio parlamento es quien primero autoriza y después juzga al presidente en el Senado. Normalmente el presidente de la Republica, quien por lógica de las dinámicas electorales acostumbra a tener mayoría parlamentaria, tiene asegurada la inmunidad como ha ocurrido recientemente con Donald Trump. Por lo tanto, ya vemos que la inmunidad del Jefe de Estado no es algo propio de España, muy al contrario, está generalizado de una u otra manera en la mayoría de los estados democráticos.

Pero también debemos recordar que el día 7 de septiembre de 2017 el Parlamento catalán aprobó una supuesta constitución provisional, denominada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, que en su artículo 36 establecía que el presidente de la República Catalana durante su mandato gozaría de inmunidad sin poder ser detenido o retenido, excepto en caso de flagrante delito. Pero la expresada ley no se quedó aquí, fue a más, a mucho más, ya que amplió la inmunidad a todos los miembros del gobierno en el artículo 40, lo que ya no es normal en ningún país democrático. Si esa hubiera sido la ley fundacional de la supuesta República Catalana, lo que habría fundado no sería otra cosa que una república bananera. En definitiva, aquellos que aprobaron la expresada Ley de Transitoriedad Jurídica y que ahora mantienen que con una república no habría inmunidad, han olvidado con una rapidez extraordinaria que ellos mismos otorgaban inmunidad, no solo al presidente sino a todo el gobierno en pleno, hecho insólito en una democracia.

Hay una sustancial diferencia: la investigación contra el Rey emérito hasta este momento es periodística y ahora se han iniciado las investigaciones por la fiscalía.  Contra Laura Borràs, los jueces ya han determinado indicios delictivos

Pero otro de los principios básicos en los estados democráticos es sin duda la presunción de inocencia, aplicable a cualquier ciudadano incluido el Rey emérito, parece claro que existen indicios de que podría haber cometido algún tipo de delito, y por ello se ha iniciado la correspondiente investigación. Pero también existen indicios de que Laura Borràs troceó contratos públicos para poder adjudicarlos a dedo cuando era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes. En ambos casos debe respetarse la presunción de inocencia, aunque entre ambos, también hay una sustancial diferencia, la investigación contra el Rey emérito hasta este momento es periodística y se han iniciado ahora las investigaciones por la fiscalía; mientras que contra Laura Borràs, los jueces ya han determinado la existencia de indicios delictivos, y precisamente por ello han solicitado el suplicatorio. Pero, a pesar de tal evidente diferencia, parece que para el mundo independentista solo existe la presunción de inocencia para la diputada, para el Rey emérito solo cabe el linchamiento público.

La diputada Borràs ha intentado algo que, a estas alturas, ya no cuela, lo hizo Jordi Pujol con la querella de Banca Catalana, y también lo hizo su hijo Oriol con la causa de las ITV, al igual que algunos dirigentes corruptos de la antigua Convergencia. ¿Recuerdan la manifestación de apoyo a Pujol en 1984 envolviéndose en la bandera y en el victimismo para ocultar lo que luego se ha demostrado?, ¿o el paseíllo de Oriol Pujol rodeado de todos los dirigentes de la antigua Convergencia camino a declarar ante TSJC, alegando persecución política?. Señora Borràs ya no cuela envolverse en la estelada para ocultar la corrupción, si realmente es inocente defiéndase como hacen todos los ciudadanos, pero negarse a declarar y envolverse en la estelada, como antaño hicieron los Pujol, no le servirá para evitar la condena si realmente cometió los hechos que le imputan, porque en este país la justicia penal, a pesar de los esfuerzos mediáticos de los suyos, no entiende de política solo de hechos punibles.

Nuestra democracia, conocida como el Régimen del 78, es más sólida de lo que algunos piensan; ha soportado graves crisis económicas incluida la pandemia actual, el terrorismo de ETA y el Islámico, el golpe del 81, el encarcelamiento de exministros de los dos partidos que han gobernado España, algunos por graves delitos de corrupción e incluso por el secuestro de un ciudadano, el enjuiciamiento del yerno y la hija del Rey, la condena y encarcelamiento del primero, la declaración unilateral de independencia de Cataluña, el juicio del procés, y su sentencia, y seguramente también resistirá una investigación al Rey emérito, un juicio e incluso una supuesta condena en el caso de que hubiera cometido algún delito. Estén seguros que no les será tan fácil destruir lo que con tanto esfuerzo hemos construido y que ha representado el mayor periodo de paz y prosperidad de la historia de España.

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