El agujero negro de Jaume I

No se sabe, ni se quiere saber quién tuvo la idea de hacer un parking dentro del casco histórico de Tarragona con accesos por el Portal de Sant Antoni y en un solar de piedra. Como antecedente hay que decir, que el Pleno del Ayuntamiento, en Abril de 2001, aprobó el pliego de condiciones para la construcción del parking. El pliego prohibía que el Ayuntamiento financiara la obra, avalara cualquier operación de crédito, y la obligación municipal de inspeccionar mensualmente la ejecución de las obras.

En Marzo de 2002 se adjudica el contrato a la UTE JAUME I con la participación del 51% de la AMT (Aparcamientos Municipales de Tarragona S.A.) y un 49% de SISTEMAS ALEM S.L., por un importe de 4 Millones €. La obra debía finalizar en octubre de 2003. En el procedimiento administrativo, por mala praxis, no se comprobó la solvencia técnica y económica de la empresa SISTEMAS ALEM S.L.

SISTEMAS ALEM S.L. incumple sus obligaciones con los proveedores y en agosto de 2006 se rompe la relación con la AMT, debiendo ésta asumir los pagos pendientes de más de 4,5 Millones € y se fija la nueva fecha para la finalización de la obra en abril de 2007. En julio de 2008 el Ayuntamiento concierta una operación de crédito a favor de AMT por importe de 18 Millones € a pagar en 35 años. Actualmente el Juzgado de Instrucción nº 3 de Tarragona está instruyendo el caso por si los hechos fueran constitutivos de delito, aunque dicha instrucción está prácticamente parada. 

Y a todo esto se suma, que en el 2009 fallece el responsable de la UTE JAUME I y de AMT, el Sr. Trasobares, y el gerente de SISTEMAS ALEM S.L., que eran los que podían esclarecer los hechos ante el Juzgado. ¿Existen responsabilidades políticas en todo esto? El tiempo todo lo borra y si éstas no se asumieron en su momento, con el cambio de legislatura y de alcalde, en el 2007, tampoco se adoptaron las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido. El parking Jaume I es sin duda un agujero en todos los sentidos. Un agujero político, pues se tomó la decisión errónea de construir un parking en la parte Alta en vez de fomentar la peatonalización de la zona. El agujero es físico, pues se hizo en un emplazamiento ina decuado sobre roca dura, que dificultaba y encarecía la obra. El agujero fue histórico-artístico, pues el proyecto impidió la visión del Escorxador, un edificio catalogado modernista. Sorprende que Cultura de la Generalitat informara favorablemente. El agujero fue de mala gestión, pues se confió en un sistema de aparcamiento de vehículos que no estaba experimentado y la empresa carecía de solvencia.

Agujero económico, pues el presupuesto inicial de 4 Millones € se convirtió en más de 25 Millones €. Éste sin fin de despropósitos nos está costando el pago de más de 1 millón de € anuales, por un parking inservible. Es un agujero de control económico-financiero. Los procedimientos administrativos se pasaron literalmente por el forro y faltó el acuerdo preceptivo municipal para la aprobación de la ampliación de las obras, la aprobación de los avales y créditos municipales a favor de la UTE y la ATM. Y sobre todo es un agujero que ha provocado una gran frustración en los tarraconenses, pues a fecha de hoy no sabemos qué destino hay que dar al monstruo, se haga lo que se haga ya es de difícil retorno. No obstante, creo que en este momento lo importante y lo urgente no es buscar una solución sino curar la frustración. Gastarse más dinero en este agujero creo que no es conveniente. Ahora debemos centrarnos en el agujero moral que comporta superar la falta de credibilidad municipal, la recuperación de la confianza en la clase política y las instituciones, que el poder judicial y el procedimiento penal se resuelva sin más dilaciones.

Pasar y superar esta etapa de duelo es muy importante porque de lo contrario la sociedad quedaría en situación de frustración e incapacidad para afrontar retos de futuro, sean los que sean. ¿Como podemos salir del agujero legal? La calificación de algunas conductas es todo un problema, ya que en oc asiones los hechos no están tipificados como delitos en el Código Penal y, por lo tanto, pueden no ser punibles. Hay conductas de mala gestión financiera y de falta de control económico que pueden no ser delictivas. No hay duda de que tenemos un problema con el Ministerio Fiscal. ¿Que pasa con los fiscales anticorrupción o de delitos económicos? Los procedimientos judiciales se eternizan y, con el paso del tiempo, los ciudadanos tenemos una sensación de impunidad. O, mientras tanto, los responsables fallecen, como es el caso. Si la Justicia fuera rápida, esto no hubiera pasado. Otro tema espinoso son los sistemas de control de las Administraciones Públicas. En este caso fallaron totalmente. Este es un asunto que se puede arreglar si hay voluntad política. Las decisiones que adoptan los órganos de gobierno municipal han de estar supervisadas y controladas por la Secretaría General y la Intervención municipal, especialmente los acuerdos de los Consejos de Administración de las empresas municipales. Y, por lo tanto, se deben reforzar estas medidas y designar consejeros expertos y conocedores de la materia. 
 No obstante, debemos finalizar con visión constructiva, que nos permita mirar hacia delante, sin olvidarnos del triste pasado.