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El alto precio de los medicamentos

No podemos permitir que la avaricia del mercado prive de los avances de la ciencia
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El 27 de julio del año pasado, el periodista Álvaro García Zarzalejos, de El Confidencial, relataba el problema que se avecinaba con un nuevo medicamento para la hepatitis C: «el Gobierno sigue con las negociaciones de un segundo fármaco para los pacientes de hepatitis C que en combinación con Olysio podrá curar a aquellos pacientes que se encuentren incluso en la fase 4 de la enfermedad, que es el estado más avanzado donde los pacientes presentan cirrosis hepáticas muy avanzadas. Su nombre es Sovaldi. Es una pastilla minúscula, pesa tan solo 400 miligramos y su principal componente es sofosbuvir, un principio activo que ha demostrado ser eficaz en nueve de cada diez pacientes de hepatitis C. ¿El problema? Su precio: 60.000 euros para el tratamiento de 12 semanas –frente a los 25.000 de Olysio–, un coste inasumible para muchas familias en el país y para el sistema público también. De hecho, medios estadounidenses como la revista Forbes se han hecho eco del abusivo precio del medicamento y remarcan que en países como Egipto, ‘el tratamiento de 84 pastillas cuesta 900 dólares’, que al cambio son menos de 1.000 euros. Este medicamento fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a principios de año y desde entonces, más de seis meses después, el Ministerio de Sanidad sigue negociando con Gilead, la empresa que posee la patente de Sovaldi, el precio final para poder distribuirlo. Sin embargo, es posible que la aprobación de Simeprevir sirva para presionar a este laboratorio y que acceda a distribuir el medicamento a un precio más asequible».

En efecto, en febrero de 2014, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobaba el sofosbuvir (Sovaldi), cuyo uso combinado con ribavirina y peginteferon alfa, mostraba tasas de éxito de cerca del 90% en el tratamiento de la Hepatitis C, se mostraba eficaz en los pacientes trasplantados al reducirse los problemas de rechazo, el tratamiento es corto –semanas como máximo– se toma por vía oral y se evitan las inyecciones de interferón, con grandes efectos secundarios. Una gran puerta a la esperanza para los 300.000 pacientes contabilizados en España (unos 900.000 contando los que aún no están diagnosticados). Sin embargo, el problema no está ni mucho menos resuelto: el Gobierno ha creado en el seno del Ministerio de Sanidad una comisión técnica que decidirá qué pacientes deben ser tratados con estos fármacos novedosos –han otros en camino, también muy caros– y el presidente Rajoy ha empeñado su palabra en el sentido de que quien necesite una medicina disponible la tendrá en todo caso. Sin embargo, no es razonable que las farmacéuticas expriman a los sistemas de salud con un furor verdaderamente usurario.

En este caso, las investigaciones fueron realizadas por Pharmasset, que vendió la patente a Gilead por 8.800 millones de dólares, con un periodo de explotación hasta 2029. Gilead negocia país por país el precio de los tratamientos, tras licenciar la patente a una empresa india que venderá por 700 dólares el tratamiento de 12 semanas, pero sólo a los 90 países menos desarrollados (el coste de fabricación no llega a cien dólares). La ONU, en nombre de la comunidad internacional, debería auspiciar una negociación que ofrezca a las farmacéuticas una rentabilidad decente que impulse la investigación –si no obtienen retornos, dejarán de investigar– y lograr que en todo caso los remedios lleguen a todos los enfermos. En todo caso, y como ha pedido la Organización Médica Colegial (OMC), hay que superar el actual modelo de relación entre farmacología y medicina a escala global porque no podemos permitir que la avaricia y las disfunciones del mercado priven a alguien de los avances de la ciencia. La propia idea de civilización está en juego.

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