Haciendo de la necesidad virtud, el gobierno de Rajoy, felizmente en minoría, va corrigiendo políticas equivocadas y adoptando gestos llamativos, aunque insuficientes.
Ha subido el salario mínimo un 8 por ciento, ha dejado caer las reválidas de la ley educativa, ha destituido a Trillo, aunque disimulando, y ha impulsado la prohibición de cortar la luz a las familias con pobreza energética.
Esto último es lo que había hecho la Generalitat y fue objeto de impugnación por el mismo Rajoy que ahora plagia la medida.
Hace falta que acabe aceptando de una vez por todas una reforma constitucional. Aunque hay varios motivos, el principal es evitar la percepción que se tiene en Catalunya sobre la inmovilidad de Madrid hacia sus justas reivindicaciones. Los independentistas no la desean, pero quienes no lo son esperan que el Gobierno abandone tanta torpeza en pro de la inteligencia.