El conflicto catalán sube de tono

Todo el mundo me pregunta, oye ¿cómo va a acabar eso? No tengo la respuesta, porque cuando los conflictos se ponen en marcha, pararlos es muy complicado. Y esto es lo que han hecho los independentistas herederos de Jordi Pujol, con algunas ayudas del gobierno central (no crear infraestructuras, no acceder a un nuevo modelo de financiación, tolerando o mirando a otra parte en el referéndum del 9-N…).

Pero el desafío a la Constitución y a la ley, junto con la campaña por tierra, mar y aire del gobierno catalán a favor de un referéndum (que ni siquiera estaba en su programa electoral) y descreditar a nivel planetario España, es obra solo de los dirigentes independentistas instalados en un radicalismo contra el Estado: el Estado es lo peor de lo peor, que solo amenaza, es antidemocrático, «ahoga» a los catalanes… Y así desde hace cinco años muchos independentistas están «hartos de seguir dentro del Estado español» y gritan: «¡por qué no nos vamos ya!» 

Ahora hay que consumar lo que se empezó: aprobar las leyes de desconexión con un Reglamento del Parlament que impide enmiendas y debate. Contra estas leyes se han pronunciado no ya el TC, el Consejo de Estado, el Gobierno de España, la oposición (PSOE y Ciudadanos), sino los mismos organismos de la Generalitat, como los letrados del Parlament, el Letrado Mayor, el Consell de Garantías Estatutaria (una especie de Tribunal Constitucional catalán, pero consultivo). 

Y es que es de sentido común. ¿Para qué existen los parlamentos si no es –como su propio nombre indica– para hablar, concertar, intercambiar puntos de vista, mejorar los proyectos que se presentan con la aportación de muchos? Si son de lectura única y sanseacabó, y la oposición es un convidado de piedra ¿a qué tantos diputados, mesas, comisiones, letrados, funcionarios, etc.? ¿Dónde está el estado de derecho –que tanto reclaman– que impide hablar a la oposición? ¡Y eso en leyes fundamentales!

La pregunta clave en estos días es: ¿se celebrará el referéndum de autodeterminación? El 1-O algo habrá, aunque no se sabe si un referéndum con escasa participación, o acciones masivas de personas que ocuparán edificios públicos, o huelgas del hambre… Algo ha de haber. Que la situación catalana preocupa a los más altos responsables españoles, desde el Rey, al Gobierno y a la gran mayoría de parlamentarios, es evidente. Pero no hay que cometer otra vez el error de llegar tarde. Aquí muchos miles de personas están convencidas de que habrá referéndum y otros muchos miles de que no lo habrá. Unos y otros lo creen de forma firme y sin fisuras. Por el momento, la CUP –mezcla de anarquistas, trotskistas y radicales de todo tipo– ya ha empezado por la «kale borroka» como demostró en el ataque al «bus turístico» de Barcelona, amenazando a pasajeros, chófer, pinchando ruedas… ante el silencio de Ada Colau (En Comú Podem). La CUP siguió dos días después con un escrache ante el Cuartel de la Guardia Civil de Barcelona. Pero aquí la cosa ya no resultó gratis: salieron otros defendiendo la presencia de la Guardia Civil, entre ellos víctimas del atentado de Hipercor de ETA (21 muertos). 

Sin embargo, la prensa –incluso la no independentista– habla de que estas acciones las hacen el grupo «Arran» que dicen «cercano» a la CUP, cuando es su núcleo duro. En el escrache ante la Guardia Civil estaban siete de los nueve diputados de la CUP en el parlamento catalán. Es el decir que no se dice y utilizar la ambigüedad como vehículo principal. Todo esto ocurre mientras se va limpiando la administración catalana de cargos poco afectos a la declaración de independencia unilateral. Es un goteo. Ya solo quedan los más radicales.

Hay preocupación en la policía autonómica, en los funcionarios, ¡y en algunos diputados también! Hasta el punto que tuvieron que ir a firmar la presentación de la ley del referéndum todos juntos, porque no se fiaban que en la votación cumplirían la disciplina de voto. 

Si a eso sumamos que los independentistas no tienen ningún apoyo internacional más que algún diario de renombre que pide diálogo (lo piden hasta los españoles), al gobierno de Rajoy le da la seguridad de que si sigue por la vía legal tiene todo el apoyo internacional, a excepción, claro está, de la Venezuela de Nicolás Maduro. 

Un error de enfoque del independentismo, desde el principio, es haber confundido el Estado español con Mariano Rajoy y con el Partido Popular. El Estado es mucho más que un gobierno o un partido: son sus instituciones todas, y dentro de ellas las Cortes que incluyen a varios partidos constitucionalistas que conforman una gran mayoría en las dos cámaras y que no aceptan el independentismo. Por eso Puigdemont rechazó ir a hablar al Congreso. No se hubiera encontrado a gusto… porque no quería debate. Como ahora con el referéndum.