El depósito de Riba-roja como síntoma

La puesta en servicio del depósito controlado de residuos industriales no peligrosos de Riba-roja d’Ebre sólo queda pendiente de la obtención del código gestor por parte de la Agència Catalana de Residus. En principio se trata de un mero trámite porque, según todos los organismos implicados en la construcción del depósito, la totalidad de los trámites se ha completado de forma escrupulosa. El proyecto de Riba-roja lleva once años en marcha, período suficiente para haber planteado las alegaciones y las alternativas que se hubieran considerado oportunas para frenar la instalación. No fue así y no parece de recibo que fuera de plazos, con todos los compromisos contraídos en pleno vigor, se pretenda dar marcha atrás a la inversión con todo el cúmulo de indemnizaciones que ello significaría por mera lógica de seguridad jurídica. Con todo, es necesario analizar otro aspecto no menor. Riba-roja no está mayoritariamente en contra del depósito. Todo lo contrario. El alcalde Antonio Suárez no sólo ha ganado las eleciones, sino que incluso ha obtenido un concejal más de los que tenía en la anterior legislatura.   
Bien es cierto que este tipo de instalaciones requieren una política global del territorio. Riba-roja acoge la instalación pero el radio de afectación va mucho más allá de los límites municipales, e incluso comarcales. Pueblos de la demarcación de Lleida están más cercanos, en línea recta, al depósito que la propia Riba-roja. En definitiva, el conflicto que ahora se vive en el territorio es consecuencia de una nula política de planificación de país. No se han calculado las consecuencias de la desindustrialización de la zona con el cierre de Flix, como tampoco se sabe qué pasará con la Ribera cuando cierre Ascó. Mientras, las necesidades de los municipios no esperan. Y así vamos cada uno haciendo la guerra por su cuenta y el país sin barrer.