El derecho a la verdad

Asombra contemplar cómo el Congreso niega cualquier investigación, sobre si elCNI o cualquier organismo estatal intervino en los atentados de agosto del 2017 y cómo el rey emérito amasó un dineral
 

Josep Moya-Angeler

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Josep Moya-Angeler. Periodista

Josep Moya-Angeler. Periodista

«La verité qui nous evite», cantaba Jacques Brel como expresión de las angustias que acompañan a nuestras existencias. Yo añadiría que si es difícil alcanzar la verdad de ciertas cosas, no lo es tanto conocer la realidad de unos hechos, conceptos que se parecen pero que están separados por un abismo.

El comisario Villarejo ha dicho esta semana que el CNI sabía que iban a producirse los atentados de Barcelona y Cambrils de hace cuatro veranos. Que el director del centro de espionaje «quería dar un susto a Catalunya». Un susto con dieciséis personas asesinadas, que es poco si se compara con que los terroristas querían derriban la Sagrada Familia, con una carnicería monstruosa como añadido. Vergonzosa declaración la de Villarejo, pero no menos inquietante si se sabe que el Congreso de los Diputados ha rechazado investigar sobre este tema. 

Vivimos en una sociedad bastante madura que es tratada como párvulos por parte del poder, y en el poder incluyo a todos los partidos políticos, grandes instituciones y sindicatos, sin excepción. Y para ello, el poder echa mano de la mentira, obviando que toda democracia («gobierno en manos del pueblo», no se olvide) exige el derecho a la verdad hacia los ciudadanos. Para subrayar que el poder se reserva parcelas procelosas y oscuras que «conviene» que la sociedad no las conozca, invocando que esa es una potestad del poder. Falso, el poder está supeditado a la ciudadanía y no al revés. He entrecomillado ese «conviene» porque es la palabra mágica que usan, entre otros, los mafiosos para justificar sus atropellos. Lo que conviene o deja de convenir a la sociedad lo ha de decidir ella misma. Escudarse en la ocultación y la mentira no está justificado democráticamente.

Es obligación del Estado aclarar dudas sobre los atropellos sufridos por la ciudadanía. Por ello, asombra contemplar cómo el Congreso, constituido actualmente por una pretendida «mayoría progresista» no quiera saber nada, niegue cualquier investigación, sobre dos puntos que hoy reclamamos los contribuyentes: saber si el CNI o cualquier organismo estatal intervino en los atentados de agosto del 2017 y cómo el rey emérito (tendrían que quitarle el tratamiento de emérito) amasó un dineral, en su culpable actuación. Y digo culpable porque él mismo ha reconocido su culpa  al regularizar de momento por dos veces sus declaraciones a Hacienda. Esas regularizaciones son confesiones de facto. Con un gobierno conservador habría sido idéntico el resultado.
A nadie le gusta que le engañen y menos que el engañado se dé cuenta. Por eso, y por vergüenza democrática, se tenía que haber evitado este tipo de situaciones. Las repúblicas bananeras pillan lejos y copiar algunos de sus métodos impositivos es un ultraje al concepto de democracia. Las instituciones europeas señalan con el dedo a España por actuaciones como estas, pero nuestros políticos hacen como si oyeran llover. Me pregunto qué necesidad tienen los políticos actuales de tapar actuaciones de las que, en teoría, no son responsables. No se dan cuenta que esta manera de actuar los convierte en cómplices de tales desmanes, por usar palabras suaves. 

Por favor, señores diputados y gobernantes, dejen de esquivar la verdad y la realidad de ciertas acciones punibles. Podrán hablar de democracia con mayor razón.

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