Este sitio web puede utilizar algunas "cookies" para mejorar su experiencia de navegación. Por favor, antes de continuar en nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de cookies.

El derecho a protestar, garantizado

Esta ley protege expresamente el ejercicio del derecho a manifestarse
Whatsapp

Uno de los personajes políticos más destacados de principios del siglo XX en Francia fue Leon Blum. A parte de su notoria trayectoria política, también fue conocido por sus magníficas contribuciones a la literatura y el derecho. Leyendo recientemente uno de sus discursos, encontré una sus celebérrimas frases: «Toda sociedad que pretende asegurar a los hombres la libertad, debe empezar por garantizarles la existencia».

En medio de una gran controversia y crispación por parte de las fuerzas opositoras, ha entrado recientemente en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. Como bien nos decía la frase mencionada anteriormente, para el ejercicio de los derechos fundamentales es necesario garantizar la seguridad de las personas que los ejercen. Es precisamente este perfecto equilibro entre seguridad y libertad el objeto de esta ley.

¿Están garantizados los derechos de los ciudadanos durante el procedimiento sancionador? Una de las acusaciones más frecuentes entre los opositores a esa ley sería que el policía pasaría a ejercer funciones de juez. Nada más lejos de la realidad, la policía no impone las multas, simplemente se limita a denunciar los hechos, poniendo en marcha el procedimiento. También se han puesto en duda las garantías del procedimiento sancionador al realizarse por vía administrativa. Tampoco es esto cierto, al respetarse los mismos principios que en el proceso penal y cabiendo siempre la posibilidad de interponer un recurso de alzada ante el superior jerárquico o recurrir ante los tribunales del orden contencioso-administrativo.

¿Quedará pro-hibido o limitado el derecho de manifestación? Todo lo contrario, esta ley protege expresamente en su art. 23.1 el ejercicio del derecho a manifestarse: «Las autoridades protegerán la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana». Es más, la perturbación del desarrollo de una manifestación será considerado infracción grave. Incluso no se requerirá autorización previa, sino que se seguirá simplemente exigiendo una comunicación a las delegaciones del Gobierno para poder proteger otros derechos fundamentales (STC 36/1982). Por lo tanto, la Ley no prohíbe manifestarse ante el Congreso o el Senado cuando haya sido comunicado previamente a la Delegación del Gobierno.

Temas

  • OPINIÓN & BLOGS

Comentarios

Lea También