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Opinion EDITORIAL

El derecho constitucional a la vivienda

El incremento de desahucios debe buscarse en la falta de vivienda social más que en el precio del alquiler

Diari de Tarragona

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Imagen de archivo de la protesta contra un desahucio. JMB

Imagen de archivo de la protesta contra un desahucio. JMB

Las cifras oficiales que avalan una ligera mejora de la economía contrastan con hechos incuestionables que van más allá de la mera percepción del ciudadano que no nota por ninguna parte la tan aireada euforia financiera. Uno de los datos que contradice que España va bien es el incremento desmesurado de los desahucios por impago de los alquileres. En la provincia de Tarragona, el número de lanzamientos ha crecido un 24% en el primer semestre del año respecto a las cifras del 2017. Concretamente, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 se han llevado a cabo en la provincia de Tarragona un total de 1.053 lanzamientos, una cifra notablemente más elevada que los 845 que se registraron durante los seis primeros meses del año anterior. Esta cifra sitúa el número de desahucios en los niveles de los peores años de la crisis económica, con un promedio de seis lanzamientos al día. Entre las razones que intentan explicar este grave problema, los expertos del mercado inmobiliario citan el aumento del precio de los alquileres propiciado por el incremento de la demanda de esta modalidad de acceso a la vivienda ya que los bancos siguen con su política hipotecaria restrictiva, todavía lamiéndose las heridos del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, parece un argumento muy tangencial. Los alquileres no han subido, al menos en Tarragona, de una manera desproporcionada hasta el punto de justificar el impago de la mensualidad. Forzar o limitar el precio del alquiler de viviendas interviniendo el mercado puede provocar el efecto contrario al deseado. Ya se pudo comprobar que la desprotección de los propietarios acababa reduciendo el parque de viviendas de alquiler y, de rebote, el aumento de precios. El derecho a la vivienda viene protegido de manera primordial por la Constitución y es deber de las Administraciones púbicas desplegar políticas que faciliten el acceso a un piso a las familias más desfavorecidas. En definitiva urge acentuar la construcción de viviendas sociales que garanticen un derecho fundamental.

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