El embrollo de repartir los fondos

Aunque la acumulación electoral amenace pervertirlo, está próximo el debate sobre la distribución de fondos entre la administración central y las quince comunidades autónomas de régimen común que, según lo previsto, deberá regir a partir del próximo ejercicio 2016. El reto esencial va a ser lograr un acuerdo que se prevé más difícil que en ocasiones anteriores, pero precisamente por eso valdría la pena replantear a fondo, casi partiendo de cero, toda la financiación pública, haciéndola más coherente con una distribución de competencias, niveles y potestades no menos necesitada de clarificación.

Más allá de agravios sustentados en cifras reales –unos más que otros–, lo cierto es que, pese a los sucesivos retoques, el sistema nunca ha llegado a funcionar. Ni el reparto ha sido equitativo ni se ha cumplido el requisito esencial de corresponsabilidad que permita a los ciudadanos identificar dónde radican las respectivas responsabilidades de recaudar y gastar. Esto último está siendo más que perceptible en las protestas y el descontento generados por los recortes presupuestarios iniciados en 2010.

Probablemente, todo deriva de no haber acompasado la evolución del modelo fiscal y el reparto de competencias entre las distintas administraciones. O, dicho de otra manera, mientras la tributación –ingreso– discurría marcada por un más o menos acusado continuismo centralista, la gestión –gasto– avanzaba hacia una amplia territorialización, con frecuencia sometida a espasmos políticos de conveniencia poselectoral. A lo que cabe añadir una clara tendencia en las administraciones periféricas a emular los esquemas de la central y una más que frecuente racanería de ésta a ceder recursos y competencias de forma clara y leal.

Resulta palpable que lo articulado hasta ahora ha tenido la poco apreciable virtud de no contentar a nadie, sino más bien lo contrario, privando al sistema de estabilidad y sostenibilidad en el medio plazo. Existen abundantes opciones técnicas y no poca base comparativa sobre modelos financieros de alcance federalizado, pero la revisión habrá de partir, como es lógico, de debatir y acordar a qué objetivos se quiere subordinar. El ingrediente político, por tanto, será tan determinante como sustancial.

Sin ser la única, una de las deficiencias de los sucesivos modelos ha sido su creciente complejidad, haciendo poco menos que imposible que los ciudadanos lleguen a comprender cómo y en base a qué criterios se distribuyen los fondos que aportan con sus impuestos. La transparencia en la gestión pública no sólo consiste en acumular datos y hacerlos libremente accesibles, sino también en proporcionar explicaciones –mejor por exceso que por defecto– sobre lo que se hace, cómo, por y para qué. Consiste también en un diseño más claro del reparto de competencias que facilite la identificación de quién es responsable de cada servicio prestado y, en extenso, de recaudar y gastar cada euro. El ciudadano tiene derecho a saberlo para poder premiar o castigar electoralmente a sus gobernantes, en función de lo que hacen o dejan de hacer.

Sobre el modelo planea, sin duda, el principio de solidaridad interterritorial. Por delicado que se presuma, puede haber llegado la hora de reconsiderarlo seriamente, no para excluirlo, pero sí para reflexionar sobre su aplicación. A nadie se oculta que la realidad de hoy es distinta de la que dio origen al diseño inicial, pero tampoco estará de más evaluar cuáles han sido los frutos reales del cúmulo de transferencias cruzadas desde 1978 y los nuevos desequilibrios a que ha dado lugar. Es hora de distinguir entre contribución solidaria al reequilibrio en materia de desarrollo y el subsidio de carácter estructural, indefinido e incondicionado, hágase lo que se haga con él. Como acaba de señalar el ministro alemán de Finanzas respecto a Grecia, nadie debe prometer gastar unos recursos que no genera… a costa de recibirlos de los demás.

No menos exigible será lograr que el principio de equidad se aplique de forma efectiva y no arbitraria, incluso teniendo en cuenta los efectos generados por la excepcionalidad foral de los conciertos vasco y navarro. Una revisión de base cero se intuye justificada desde la evidencia de que, con razón o sin ella, cada comunidad autónoma se considera discriminada por un modelo de financiación híbrido que no las atiende según su capacidad fiscal ni aproxima la dotación de recursos por habitante en términos de igualdad competencial.

Puestos a buscar un modelo más estable, sostenible y satisfactorio, tampoco estaría de más incluir la siempre postergada suficiencia financiera de los ayuntamientos, acaso revisando su dimensionamiento y la pluralidad de entes y administraciones intercalados, notables consumidores de recursos, no siempre con la debida o suficiente razón de ser.