El escándalo Volkswagen

El escándalo protagonizado por Volkswagen al falsear la medición de sus emisiones contaminantes ha podido producirse, evidentemente, por falta de control de los Estados, incapaces de comprobar a tiempo que los vehículos que se fabrican y se importan cumplen las especificaciones ambientales establecidas. En Europa, las verificaciones del cumplimiento de las especificaciones y normativas corren a cargo de empresas independientes de los Estados. En Norteamérica, las propias compañías fabricantes realizan las comprobaciones por su cuenta, y, lógicamente, se exponen a ser sancionadas si son inveraces. Esto es lo que ha ocurrido con Volkswagen: ha tenido que ser una institución académica la que detectase las irregularidades indirectamente, y la que lanzase la sospecha que, una vez confirmada, ha derivado en escándalo. En los países desarrollados, el Estado debe retirarse de la actividad empresarial, salvo en casos excepcionales. Pero no puede abdicar de algunas funciones clave, especialmente la regulación y el establecimiento de normas para proteger a la ciudadanía -de la contaminación ambiental en el caso que nos ocupa-, y el control del cumplimiento de lo legislado. Tales funciones no deberían ser delegadas: habrían de ser ejercidas directamente para preservar plenamente el principio de legalidad. Por no hablar de la ética empresarial de la que el gigante alemán ha hecho un trapo con el que ha tapado sus miserias.