El fin de las tasas judiciales

El Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó ayer un decreto que entrará en vigor el lunes y que elimina las tasas judiciales para personas físicas –en vigor desde 2012– y las deja como estaban desde 2003, después de haber recaudado con ellas unos 50 millones de euros. Se trata de una bofetada –otra– al exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, principal impulsor de esta medida, si bien hay que recordar que fue aprobada por todo el Consejo de Ministros y refrendada en las cortes con el voto del PP. Estamos ante una de las rectificaciones más evidentes del Gobierno de Mariano Rajoy. Yes que la implantación de las tasas judiciales ha sido una de las medidas más controvertidas tomadas por este Gobierno, cosechando el rechazo de todos los estamentos de la Justicia. De hecho, está pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional, donde se interpusieron varios recursos basados en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque dificulta el acceso de los ciudadanos a la Justicia. Han tenido que pasar dos años y acercarse un periodo electoral para que el PP admita que las tasas judiciales que aprobó en solitario en 2012 han dificultado el acceso de los ciudadanos a la Justicia, después de defender que eso no sucedía porque se compensaba con otras medidas como la justicia gratuita o el arbitraje. Rectificar es de sabios, sí, aunque hacerlo en época electoral levanta muchas suspicacias.