El fin del toque de queda con el ocio cerrado

El president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, confirmó ayer que Catalunya no prorrogará el toque de queda ni el confinamiento perimetral una vez decaiga el estado de alarma, en el tránsito de este sábado al domingo. Se trata esta medida, la del fin del estado de alarma, una cuestión polémica, en cuanto a que todavía son muchas las voces que sostienen que ni la incidencia general del virus en el país, aun cuando la cuarta ola se halle en retroceso, ni el ritmo de vacunación justifican la precipitación en poner fin a la excepcionalidad constitucional que limita la movilidad, la socialización y determinadas actividades económicas y de ocio.

Pero todo parece apuntar que en el seno del Gobierno ha podido más la intención de salvar el segundo verano bajo la presión de la Covid-19, implícita en llamamientos como los que hizo recientemente la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a ir programando ya las vacaciones. En todo caso, el escenario sanitario, con los hospitales y las unidades de críticos todavía en un nivel alarmante, es aún tan inquietante que todos los poderes públicos están llamando a un ejercicio de responsabilidad postrero para intentar evitar una nueva palada de incertidumbre y zozobra sobre una sociedad exhausta.

El primer interpelado es el Gobierno central, que debe procurar los medios jurídicos para contrarrestar las eventuales lagunas legales con que se pueden encontrar las comunidades e intensificar las medidas preventivas –singularmente la vacunación– a fin de evitar un nuevo agravamiento del virus. Pero la situación también requiere soluciones y medidas coherentes por parte de la Generalitat, pues resulta obligado preguntarse cómo va a hacer frente al alud de botellones que se avecina sin toque de queda y con todos los locales de ocio, incluidos restaurantes, cerrados por la noche. Es cierto que en una situación como la que atravesamos es obligado apelar a la responsabilidad individual, pero sería un error que podemos pagar caro si toda la responsabilidad recae solo sobre la ciudadanía.