El ladrillo que todo lo aguanta

Ladrillo nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre….», han orado en político para financiarse, desde el desarrollismo en España de los 50 y 60, hasta la actualidad. El ladrillo todo lo ha sostenido, todo lo ha podido y podrido. Y resiste hoy la cruda y dura realidad de una política que solo piensa polarizadamente, en blanco y negro. Y en este escenario dantesco, ni colectivos de promotores, ni constructores, ni arquitectos ni aparejadores han sabido unirse por alguna vez y reclamar al Estado y Generalitat una política digna y equilibrada de reparto social de riqueza en todos los frentes productivos; no solo en algunos. Y así estamos. Pagando las gracias de una sociedad que acude a la Constitución para acordarse del derecho a la vivienda, pero olvidándose del derecho a la sanidad, a la alimentación y a la educación y cultura. La fantástica Llei 17/2019 de 23 de desembre de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que modifica la Llei d’Urbanisme catalana, puede llegar a obligar a construir un 40% de vivienda de protección pública en zonas de fuerte demanda de vivienda. Otra vuelta de tuerca más de políticos border line a nuestro sector, el de la construcción.

Nadie puede negar que desde las primeras leyes del suelo (aún franquistas), la promoción inmobiliaria debía ceder un 10% de los beneficios del sector (techo edificable y suelo) para vivienda digna. Y ahí está una ingente cantidad de suelo de cesión del 10% de aprovechamiento medio que los Ayuntamientos debían destinar a vivienda pública e hicieron desaparecer, cuál trileros, para financiar otras cuestiones de cuyo nombre prefiero no acordarme.

Ceder un 10% del pastel de cada negocio inmobiliario para suelo público destinado a vivienda no es una broma. Los ayuntamientos han recibido durante décadas este suelo gratis. Y, o bien ha sido subastado o ha formado parte de las ocultas telarañas del patrimonio público sin desarrollar a beneficio de no se sabe quién.

Y es que tanto el derecho de superficie de suelo a 20, 30, 40 ó 50 años para construir encima, como otras fórmulas jurídicas, permitirían hoy que un promotor o constructor, por 800 euros por metro cuadrado se atreviera claramente a construir y aplicando un beneficio razonable, por 1.000 euros/m2 se pudieran comercializar estas viviendas de bajo coste, sacando un beneficio inmobiliario. Y el usuario podría acceder a casi la mitad de precio a compra o alquiler de vivienda pública a la mitad de precio de lo que marcan los estándares actuales. Vivienda social, en régimen de derecho de superficie para ejercer el derecho a la vivienda, que es distinto del derecho a la propiedad de la vivienda.

Por destacar, en algunos pueblecitos de Tarragona el precio de venta de la VPO se enfila a los 1800 euros/m2. Y podría ser casi a la mitad de precio si los ayuntamientos tuvieran voluntad política de no especular con el suelo público. Para ello basta mirar lo que es el precio por m2 de vivienda pública en Catalunya y España y ver que es inviable sin quitar de la ecuación, el suelo.

El suelo publico cedido a la administración debería ser público siempre y cederse de forma gratuita para la vivienda pública. Para una vida útil de 50 años de una vivienda, un derecho de superficie permitiría que, como máximo, a los 90 años, estas viviendas volvieran a ser públicas, rehabilitarse o demolerse y que la administración volviera a poner en circulación a coste cero este suelo para edificar viviendas a bajo coste y comercializarlas de nuevo de la misma forma.

¿Por qué los políticos no adquieren talla y dimensión humanitaria y ponen en circulación suelo público a coste 0 sin perder la propiedad? En Tarragona, el famoso solar de subasta desierta del Paseo de Las Palmeras es un ejemplo paradigmático de un solar público del que el Ayuntamiento intenta especular para obtener beneficios cuando hay formulas de cesión de derecho de superficie para que otro se atreva a construir y comercializar vivienda de bajo coste.

Quizás la zona no es el ejemplo ideal para ubicar vivienda pública. ¿Pero alguien se ha preguntado, tanto gobernantes como políticos en la cómoda oposición, cuantos terrenos que son solares públicos tiene la administración en Tarragona? Pues busquen. Y hallarán.

La histórica cesión del 10% del aprovechamiento medio tiene sentido si hay sentido social. Pero el promotor no debe se el único tonto que cede parte de su beneficio de desarrollo cuando hay muchos sectores productivos que, socialmente no ceden nada

¿Las grandes superficies alimentarias ceden el 10% de su beneficio para comedores sociales. O ni tan solo el beneficio. Solo el 10% de los productos que venden. ¡Flipen! ¡Pues no!

¿El sector de la ropa y la moda y los grandes operadores ceden un 10% de su producción a ropa social? No se rían! No!

¿Ceden los Hospitales privados el 10% de sus camas para camas públicas a gente sin recursos?. Tampoco.

¿Cede el sector hotelero un 10% de sus camas para turismo social a familias sin recursos? Pues tampoco.

¿Ceden las grandes compañías energéticas un 10% del flujo que producen para energía social? Tampoco.

¿Ceden las grandes firmas del sector de los carburantes un 10% de carburante social? Pues tampoco.

¿Ceden las empresas de autopistas un 10% de los pases de forma gratuita para gente con pocos recursos? Ni lo sueñen.

¿Cede Port Aventura un 10% de sus entradas a familias sociales sin apenas capacidad adquisitiva? No.

¿Ceden los políticos de España un 10% de su ganancia para ayuda social? No se rían por favor.

Y es que acudir a la Constitución Española para confundir al populacho entre derecho a la vivienda y derecho a la propiedad de la vivienda es nefasto. No se acuerdan del derecho a la sanidad, a la alimentación y a la cultura. Y es que practicar el Alzheimer político y olvidarse de todos los otros sectores productivos es una religión obsesiva llamada ladrillofilia o ladrillofobia. Es la religión del político. Es su neurona unipolar e unidireccional al hablar de ayuda social.

Y empieza así… «ladrillo nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre...». Acuérdense que sigue «danos hoy nuestro pan de cada día...». Y así vamos.

¿Cede, el SGAE, o la potente industria musical el 10% de sus ganancias para acceso a la cultura de clases sociales bajas? Por supuesto que no. Eso sí, que bajen el IVA del sector.

¿Cede la potente industria automovilística el 10% de su producción para ayuda social a emprendedores de bajos recursos que necesitan vehículo? No.

Moraleja. Si toda la presión no revertiera en el ladrillo, en este país habría una verdadera y equilibrada protección social en vivienda y seria barata. Habría una sanidad, alimentación y educación social accesible a necesitados para equilibrar desigualdades.

Ojalá me lea Pablo Iglesias y se emocione, aunque sea de broma. Pero es que no le oído hablar de verdadera igualdad social afrontando que todos los sectores productivos de este país deben poner el 10% de los huevos en el cesto público. Y digo: «Quien esté libre de pecado, que tire el primer ladrillo».