El máster ‘perdido’ de Cristina Cifuentes

El tribunal que juzgó el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, concluyó absolviendo a Cristina Cifuentes, la implicada, y condenando a dos personas que intervinieron en la falsificación de la inexistente acta de su presunto trabajo de fin de curso. La profesora Cecilia Rosado recibió una pena de año y medio de prisión por haber redactado un acta falsa, y Maite Feito, asesora del gobierno madrileño, tres años por haber presionado a la profesora para que acreditara ese curso no realizado. Curiosamente Cifuentes resulta absuelta siendo la única beneficiada del acta falsa de un máster del que no se encontraron rastros.

Recordemos que el comienzo de este proceso fue la denuncia que publicó un medio de comunicación (eldiario.es), y que inicialmente dio lugar a sucesivas desmentidas públicas de la propia presidenta de la Comunidad. Primero anunció que mostraría el trabajo y pruebas de haberlo realizado, y luego afirmó que no había podido encontrarlo por haber realizado «varias mudanzas de domicilio». El Caso Máster se fue complicando y dejó a Cifuentes en una situación comprometida. En mayo del 2018 resulta detenida por un hurto menor en un comercio y eso precipita su renuncia al cargo de presidenta de la Comunidad.

Pero volvamos al fallo judicial. La resolución da credibilidad a la docente cuando declaró que falsificó el acta por presiones de Enrique Alvarez Conde, director del máster –ya fallecido– y de la asesora Feito que le llamó reiteradamente para que hiciera ese documento falso indicando que constara que Cifuentes «había defendido el Trabajo de Fin de Máster el 2 de julio de 2012». Pero el fallo rechaza la atenuante de «miedo insuperable» que alegó la Fiscalía a favor de la profesora, porque si bien podía temer por su carrera profesional, ella tenía un puesto fijo en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero para el tribunal quedaba probada la «actuación relevante» de la asesora Feito en «la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que esta no existía».

Otro aspecto destacable de la sentencia de la Audiencia Provincial, es que manifiesta las «graves irregularidades» del máster que supuestamente cursó Cifuentes. Las «incongruencias» en torno a ese título las califica de «relevantes» e «incompatibles» con la regular actuación de un estudiante de posgrado. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo en su declaración que lo cursó sin asistir a clases, sin realizar exámenes y entregando su trabajo sin exponerlo ante el tribunal, rectificando su propia alegación inicial, en la que afirmó lo contrario. La sentencia también recuerda que la calificación de esa asignatura fue corregida «de forma irregular» en 2014 –dos años más tarde– por una funcionaria que no tenía competencias para acceder al sistema informático. En realidad, durante las cinco sesiones del juicio, en ningún momento aparecieron indicios de que Cifuentes hubiera hecho el curso o lo hubiera defendido el citado 2 de julio del 2012 como alegó en un principio. En cuanto al trabajo, insiste en que lo ha perdido. Tanto se perdió que no quedó rastro alguno.

De toda esta historia, lo que más preocupa es la ligereza con la que altos funcionarios públicos cometen delitos graves, y la «cerrada defensa» que suelen hacer sus correligionarios sobre la persona imputada. En este caso y en otros. Del PP o de otros partidos. Con ello mimetizan las responsabilidades individuales en el propio colectivo sin advertir que con ello en lugar de estimular la ejemplaridad, se alejan del ciudadano. Y a la vez, incitan a sus partidarios a las «adhesiones inquebrantables» (sean del color que sean), y que son en realidad, una renuncia a la racionalidad y al sentido común.

Tras esta sentencia, la señora Ayuso (sucesora de Cifuentes en el cargo madrileño) exige que pidan perdón los que denunciaron el falso máster. Cualquier político responsable y sensato, debería hacer mutis y agradecer ese fallo, asumiendo las evidencias de lo ocurrido. Si releen la sentencia, seguramente comprobarán que lo que los jueces dicen es no haber podido probar que Cifuentes haya participado en ese plan de falsificar su máster no realizado. Lo que tácitamente implica suponer que varios funcionarios (un catedrático ya fallecido, una asesora y una profesora de la universidad), montaron esta falsificación por propia voluntad y para único beneficio de la señora Cifuentes. O sea que –digámoslo irónicamente– solo se trató de unos «falsificadores compulsivos».

Apuntemos que la Fiscalía está analizando el fallo para decidir si presenta una impugnación. La Universidad Rey Juan Carlos ya descartó esa posibilidad. Prefiere pasar página, porque el daño que este caso (y otros posibles) ha causado a la institución es demoledor. Los miles de estudiantes que tiene el centro están indignados y lógicamente reniegan decir en qué Universidad han cursado su carrera. La señora Ayuso salió a los medios para decir: «celebro que esta pesadilla haya pasado». Creo que se apresuró y que la trayectoria de Cifuentes no es precisamente para ser reinvindicada, Primero porque la vimos y la escuchamos en sus idas y venidas argumentales. Y en segundo lugar, porque de la propia sentencia se deduce como sucedieron los hechos y que intentaban ocultar. Eso aparecerá indeleble cada vez que se mencione el Caso Máster de la señora Cifuentes. Me viene a la memoria el microrelato del escritor Augusto Monterroso. «Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí». Así será.

Carlos Iaquinandi: Periodista. Fundador del Centro Latinoamericano de Reus, miembro de diversas plataformas sociales, coordinador de la Agencia SERPAL (Servicio de Prensa Alternativa) y colaborador de diversos medios de comunicación internacionales.