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El mito de la legalidad y legitimidad del procés

El procés es ilegal. Salirse del marco legal existente es muy peligroso. Es dejar a un lado la ley para actuar arbitrariamente 

Mario Arias

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Otro mito que han creado y no es cierto es que el procés ha sido legal y legítimo. Recordando a Göbbels, «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». 

Legalidad y legitimidad son conceptos complejos e interrelacionados, y con diferentes conceptualizaciones en función de perspectiva de análisis empleada, la jurídica o la política.  Desde la ciencia política, la legalidad permite imponer ciertos límites al ejercicio del poder. Si no existiera legalidad, existiría la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto nos hace darnos cuenta de la importancia que tiene la legalidad, y que cualquier proceso político democrático deberá cumplir la legalidad para evitar la arbitrariedad. 

Por lo tanto, los actos de un gobierno serán legales cuando se sometan al conjunto de normas jurídicas previamente establecidas. El procés no ha cumplido este requisito, por lo que es ilegal y arbitrario. Alguno puede pensar que no es así, ya que lo que el Parlament ha hecho es generar una nueva legalidad, por lo que únicamente hemos cambiado un marco normativo por otro. Además se ha aprobado por una mayoría simple de nuestros representantes elegidos democráticamente. Este argumento, que ha sido empleado, da apariencia de legalidad, pero no lo es. El motivo es que para cambiar las leyes, se debe seguir el procedimiento marcado en la propia ley, cosa que como todos sabemos no han hecho.

No puedes basar tu legitimidad en las leyes que has violado. Ser elegido con un marco legal y gobernar con otro es ilegítimo

Por ejemplo, imagine que por mayoría simple (la mitad más uno de los votos en el Parlament), los representantes elegidos el 21-D decidieran renunciar a las competencias en educación y cederlas al Estado. Bastaría con aprobar una nueva ley en el Parlament por mayoría simple. ¿Qué le parece? Pues no podrían hacerlo, ya que contraviene la legislación vigente. El artículo 131.2 del Estatut señala «Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, amb relació als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional amb validesa a tot l’Estat i amb relació als ensenyaments d’educació infantil, la competència exclusiva [...]». Para ello sería necesaria una mayoría cualificada en el parlamento catalán de dos terceras partes para aprobar un nuevo Estatut; ser aprobado como Ley Orgánica en las Cortes Generales, y refrendarlo en las urnas para que sea aprobado por todos los catalanes tal y como marca la ley vigente. Si se dieran esas circunstancias, se podría realizar. Pero si me salto la ley aprobando con mayoría simple en el Parlament el cambio, y saco las urnas ilegalmente y sin garantías obteniendo una mayoría, no sería legal. ¿Se da cuenta de los riesgos de saltarse la ley para todos y del engaño al que nos han sometido con la falsa legalidad? 

Salirse del marco legal existente es muy peligroso. Es dejar a un lado la ley para actuar arbitrariamente. Además, afortunadamente en España, vivimos en una democracia parlamentaria, en la que el actual marco legal permitiría la independencia, pero no de la forma que se ha hecho. El infantil argumento que se ha empleado ha sido «es que si no lo hacemos así no podemos, no ha quedado otro remedio». 

Sin mayorías suficientes

Efectivamente, no es posible porque no existen las mayorías suficientes para hacerlo según el marco legal vigente, luego no es posible. Entiendo que el camino legal es largo e incierto, pero es posible. Búsquense las mayorías necesarias para cambiar las leyes y hacer un referéndum legal y acordado; y si no existen estas mayorías, asuman que todavía no es posible, sigan con la defensa de sus ideas democráticamente dentro de la ley.

Vamos ahora con la legitimidad del procés. Se considera que un poder es legítimo cuando la titularidad del mismo tiene un sustento jurídico. Desde esta visión, el Govern tenía legitimidad, ya que su titularidad se basa en la aplicación del actual marco legal para la elección de gobierno. Pero, ¿qué ocurre cuando quiebran el marco legal con el que han sido elegidos? Que se produce una pérdida de la legitimidad. El marco jurídico que da la legitimidad para gobernar debe ser el mismo al que los poderes públicos deben de someterse para no actuar arbitrariamente. Me parece una obviedad tener que justificar que no puedes basar tu legitimidad en las leyes que has violado. Ser elegido con un marco legal y gobernar con otro es ilegítimo. 

Apariencia de legitimidad

Desde la filosofía política la legitimidad va más allá del mero cumplimiento de las normas jurídicas. Ahonda en el fundamento y la justificación del poder. Desde esta perspectiva, el sustento democrático del gobierno es lo que le hace legítimo. Los ciudadanos eligen a su gobierno mediante votación. De nuevo vemos una apariencia de legitimidad política, ya que han sido elegidos en las urnas. Pero ni tan siquiera llegaron en las elecciones de 2015 a tener la mitad de los votos (47,8%), aunque sí la mayoría parlamentaria. ¿Es legítimo iniciar un cambio de tal calado sin tener tan siquiera la mitad de los votos en las últimas elecciones? Obviamente no, por lo que de nuevo cae el mito de la legitimidad política. La legitimidad política de estas decisiones se gana mediante mayorías cualificadas, existentes en todas las democracias modernas y en la UE. Son mayorías de más de la mitad más uno, que buscan amplios consensos en temas de vital importancia. 

Gobierno y cambios radicales

Obligan a ponerse de acuerdo, ya que con una mayoría simple se puede gobernar, pero no aprobar cambios radicales en el marco de convivencia establecido.  Imaginemos que como ha ocurrido, se aprueba en el Parlament por mayoría simple la República. Dentro de cuatro años, hay cambio en la correlación de fuerzas del parlamento tras unas nuevas elecciones; y la mitad más uno decide extinguir la República Catalana y solicitar de nuevo la anexión a España y la UE. Se quebranta la legalidad de la república sacando urnas a la calle ilegalmente, y, ¡ya somos europeos! La lógica y el sentido común, además de la legitimidad de la mayoría cualificada, es aplastante. 

Por lo tanto, desmontados los mitos: el procés no ha sido ni legal ni legítimo; y no puede ser considerado dentro de la «normalidad democrática». Una acción ilegal e ilegítima entra en la categoría de revolución. El problema, es que esta palabra apenas ha salido en los argumentos. Romper la legalidad vigente ilegítimamente se puede hacer, pero haciendo una revolución. Según la RAE, una revolución es «un cambio profundo (y generalmente violento) en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional; un levantamiento o sublevación popular». ¿Sabía usted que lo que proponían era una revolución para romper ilegal e ilegítimamente nuestro marco actual de convivencia? Espero que la próxima legítima presidenta o el próximo legítimo presidente dejen a un lado la revolución y la arbitrariedad para volver a una legítima legalidad en la que recuperemos la convivencia y el respeto al ciudadano que piensa de forma diferente. 

*International Research Associate del Centre for Computing and Social Responsibility (Leicester, Reino Unido), Arias es también miembro del International Advisory Board del Centre for Business Information Ethics de Tokio (Japón)

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