El pacto PP-Ciudadanos

Los 137 escaños del Partido Popular el 26-J, 14 más que en las elecciones de diciembre pasado, 52 más que el segundo partido clasificado, el PSOE, otorgan a la formación conservadora el derecho a intentar formar una mayoría de gobierno, que forzosamente ha de producirse en la marco del constitucionalismo. El partido contiguo, Ciudadanos, que en principio debería ser el principal invitado a esta operación, mantuvo durante mucho tiempo la tesis de que cualquier acuerdo con el PP debería suponer la retirada de Rajoy de la primera línea, ya que a juicio de Albert Rivera el presidente popular no ha asumido aún toda la responsabilidad política en los sucesivos episodios de corrupción, alguno de los cuales ha llegado incluso a las vísperas electorales (en la etapa final de la campaña, Rivera no ha mencionado este requisito). El PSOE, por su parte, siempre ha mantenido que, como principal partido de la oposición, no ayudarla al PP a gobernar, ni por activa ni por pasiva, ni con Rajoy ni sin Rajoy.

De momento, Ciudadanos no ha querido entrar en materia –la negociación no comenzará hasta que Rajoy regrese del importante consejo europeo que tomará decisiones sobre el Brexit– y se ha limitado a repetir la posición conocida: propone que los tres partidos constitucionalistas formen una mesa para tratar de lograr acuerdos y poner en marcha el gobierno, y argumenta que bastaría con la abstención del PSOE, además de la propia, para que el nuevo ejecutivo echase a andar. En todo caso, Ciudadanos no formar parte de ese gobierno.

Con los resultados del 26-J, lo lógico seria que Ciudadanos negocie con el PP una fórmula de colaboración, al margen del PSOE, que hará muy bien en centrarse en la necesaria catarsis y en la laboriosa recuperación y regeneración que le aguarda después de haber alcanzado las horas más bajas de toda la etapa democrática. Rajoy –o el candidato popular que lo sustituya si Rivera no se apea de su exigencia– podría conseguir la investidura con sus propios votos, los 32 de Ciudadanos, los 5 del PNV y los de Coalición Canaria y Nueva Canaria (este último fue obtenido el 26 de junio por Pedro Quevedo en coalición con el PSOE). Mediante esta suma, que Rajoy ya ha aceptado de antemano, el PSOE no quedaría directamente involucrado en la designación pero facilitaría la gobernabilidad.

Y le quid de la cuestión estribaría precisamente en la naturaleza del pacto C’s-PP, que debería entrar en una serie de asuntos relevantes que el PP no ha abordado en su legislatura y que son precisamente causa del descrédito del sistema, el surgimiento del populismo y el fin abrupto del bipartidismo. La lista de temas es larga: medidas decisivas contra la corrupción que aún no se han adoptado; reconstrucción del estado de bienestar después de los recortes; consenso educativo y promulgación de un completo marco normativo con vocación de estabilidad; reforma de la Seguridad Social para garantizar su sostenibilidad; reforma constitucional para modernizar el país y acometer una reforma territorial que facilite la solución del conflicto catalán; reforma de los sistemas de designación de cargos institucionales; regeneración de las organizaciones políticas a través de una nueva ley de partidos que les obligue a la apertura y la permeabilidad; reforma de la ley electoral para acentuar la proporcionalidad, etc., etc. Alguno de estos designios, como el gran pacto educativo, lleva mucho tiempo planteado, y quizá el hecho de que gobierne una coalición desbloquee cuestiones que ningún actor hasta ahora, en el ejercicio del poder, ha querido sacar adelante, con la consiguiente renuncia a practicar la arbitrariedad en provecho propio. Las coaliciones tienen virtudes funcionales que aquí no hemos experimentado hasta ahora.