El pin (o la censura) parental

Es conocido que Vox impone a sus socios de coalición, allá donde sostiene al gobierno autonómico, la existencia obligatoria del llamado ‘pin parental’, requisito ‘sine qua non’ para que se preste a apoyar los presupuestos regionales.

El pin parental, tal y como lo exige Vox, es una solicitud escrita a los directores de los centros educativos en la que los padres exigen que les informen previamente, para recabar una autorización expresa, de cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que el consentimiento o no de los progenitores posibilita que su hijo asista o no al acto docente. Este partido considera que tales contenidos pueden ser «intrusivos» para la «conciencia» y la «intimidad» de los menores.

Los padres disfrutan de la patria potestad sobre sus hijos, pero esta prerrogativa no es ni mucho menos ilimitada, y el Estado, que representa en esto a toda la comunidad, tiene la obligación de tutelar, precisamente mediante el sistema educativo, que los valores que los niños reciben durante su etapa de aculturación son compatibles con los principios constitucionales insertivos, humanitarios, solidarios y tolerantes que la Constitución que nos hemos dado defiende e impone.

El Estado tiene que proteger a los menores si sus progenitores les encauzaran, pongamos por caso, hacia la comisión de delitos. Pero también si les imbuyeran ideas racistas, homófobas. o contrarias de un modo u otro al ámbito de respeto al discrepante o al disidente que la Carta Magna establece. La Constitución fue un gran pacto social, y los padres no pueden educar a sus hijos fuera de él.