El que pierde, ¿gana?

Más de uno lo habrá preguntado cada ocasión que no gobierna el partido que ha ganado las elecciones, sino uno o varios de los que han quedado detrás. Ha ocurrido en autonomías y ayuntamientos, pero la posibilidad surge por primera vez a nivel estatal. Es –aseguran- lo que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quiere proponer a los suyos el próximo 1 de octubre como alternativa a un nuevo Ejecutivo del Partido Popular. ¿Cuajará?

Buscando antecedentes, hay que remontarse a 1979, cuando el PSOE pactó con el entonces Partido Comunista para hacerse con varias alcaldías en las que la fuerza más votada había sido la extinta UCD. Desde entonces, en torno suyo han fraguado experiencias casi de todo tipo: desde coaliciones parecidas con Izquierda Unida, a tripartitos e incluso pentapartitos, no todos demasiado gratos de recordar. Bajo ese punto de vista, no debería extrañar que ahora plantee articular un gobierno estatal con el apoyo de quien haga falta para sumar los escaños precisos. Pero, ¿son equiparables los escenarios?

Tal como está diseñado el sistema, las matemáticas resultan imperativas para gobernar, a veces por encima de lo racional. Así, ha sido frecuente la formación de mayorías, más en contra de algo que a favor de nada. ¿Entra en esa categoría lo que Pedro Sánchez pretende organizar? Dado que necesitará sumar los votos de Podemos y nacionalistas catalanes y vascos, salvo que Ciudadanos rectifique y opte por abstenerse, vale la pena analizar qué trata de agrupar.

Hay quienes atribuyen todo esto a deficiencias del modelo electoral y los procedimientos que rigen la investidura. Puede ser cierto en parte, pero no es fácil señalar algo mejor. Existen experiencias ajenas de las que aprender, pero valdrá la pena plantearse hasta qué punto está fallando el esquema o lo esencial deriva de la patrimonialización que los partidos han conseguido implantar.

Yendo al presente, son muchas las incógnitas y cortos los plazos para poder despejarlas. No sólo para la sesión de investidura –que también-, sino muy especialmente para lo que vendría después. La primera, nada trivial, es si derivará en un gabinete de coalición, con presencia de miembros de uno, dos o más partidos coadyuvantes, o en uno monocolor, acaso con independientes aceptados por el resto. La segunda, más relevante, es el alcance de la cesión de votos: ¿sólo para la investidura?, ¿para leyes y medidas concretas? y, en tal caso, ¿cuáles? Porque nadie debería olvidar la obviedad de que, tras conseguir designar el gobierno, toca ponerse a gobernar.

Más allá de eslóganes y latiguillos, cabe expurgar el sustrato ideológico y las propuestas programáticas de cada uno, para ver en qué medida están en condiciones de abordar conjuntamente los retos que urge resolver. O, visto de otro modo, cuán probable es que surjan fisuras a poco de arrancar, con o sin capacidad de adoptar decisiones que van a necesitar el respaldo mayoritario del Congreso y, en ciertas materias, incluso del Senado, donde ostenta mayoría absoluta el Partido Popular.

Valga lo que valga, tampoco estará de más valorar cómo discurren experiencias más o menos similares en el momento actual. Muchas o pocas, son palpables las contraposiciones y discrepancias que mantienen algunos de los llamados a coaligarse, tanto en parlamentos autonómicos como en ayuntamientos. Nada extrañas, por cierto, entre partidarios y opuestos a partes del sistema vigente, sea el capitalismo o la configuración territorial. ¿Hay suficiente margen o disposición a ceder en materia programática para gobernar en conjunción?

Por otra parte, a modo de curiosidad, choca que el líder socialista se autoproclame adalid de un “cambio” que ni él ni su partido han impulsado en sus largas y variopintas estancias en el poder. Da la sensación que olvida, o pretende que se olvide, que tanto él mismo como su partido comparten plena responsabilidad en la deriva que toca enmendar; sobre todo junto al PP, pero también con prácticamente cualquier otro que haya ostentado cuota de poder.

Ni las coaliciones ni los pactos de investidura son nuevos; antes bien, han sido bastante frecuentes en comunidades autónomas y ayuntamientos, aunque estén todavía inéditos a nivel estatal. Ha habido, en ese sentido, experiencias de todo tipo: buenas, regulares y para olvidar. Por lo general, ha dependido de cuántas fuerzas se hayan juntado: dos, mejor que más. Y, echando cuentas, resulta que ese pretendido gobierno alternativo al Partido Popular puede necesitar el respaldo de cinco partidos, aunque la cuenta resulta incierta, porque incierto es el número de formaciones que confluyen en torno a Podemos.

Paradójico es que pueda acabar encabezando el gobierno un partido que no ha dejado de perder respaldo electoral en los últimos diez años –los pronósticos apuntan a que volverá a caer este domingo en Galicia y Euskadi-, con sólo 85 escaños en el Congreso, de un total de 350, nada menos que a 91 de la mayoría absoluta. Liderado, además, por alguien que ha cosechado peores resultados en junio que el pasado diciembre. Guste o no, merecido o inmerecido, el veredicto de las urnas es el que es.

Si alguien cree que es posible un perdedor que gana, parece que Pedro Sánchez aspira a demostrar en pocas semanas que puede pasar.