El sistema público de pensiones, en peligro

Que el sistema público de pensiones está en peligro es una evidencia que no se le escapa a nadie. ¿Cuál es la situación?

El déficit de la Seguridad Social se mantiene y supera el 1% del PIB (más de 10.000 millones al año). El reiterado recurso del gobierno del PP al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la ‘hucha’ de las pensiones) amenaza con vaciar completamente esa hucha a finales de 2017, lo que abocaría a un inmediato recorte de pensiones.  

Los recortes laborales y sociales son los culpables. Con la reducción de salarios, la precariedad y el fraude laboral generalizados y crecientes, incrementados por las reformas laborales, la falta de subsidio para millones de desempleados (el subsidio cotiza a la Seguridad Social), la no subida del salario mínimo, se reducen los ingresos a la Seguridad Social. Con las reformas laborales, los ingresos de la Seguridad Social no levantan cabeza o, al menos, no al mismo ritmo que lo hace el empleo: un 0,77% más hasta junio cuando la afiliación a la Seguridad Social crece al 3,4%. 

Pero, también, la política de exenciones y subvenciones de cotizaciones. 

¿Qué ha sucedido con el Fondo de Reserva? 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó por la Ley 28/2003, y se ha ido nutriendo de los excedentes de cotizaciones en los años de bonanza económica y los rendimientos obtenidos por el propio Fondo, hasta alcanzar una cifra de casi 70.000 millones € en 2011. Por tanto, los superávits de recaudación de las pensiones anteriores a 2003 los ha ido gastando el gobierno de turno en otras cosas, imputándole gastos que debían haberse financiado por el presupuesto del estado. Las exigencias de la convergencia de Maastricht y la posterior política de recortes, se convirtieron en los impulsores del traslado a la Seguridad Social de gastos que debían figurar en el presupuesto del estado (gastos de la asistencia sanitaria, complementos a mínimos, bonificaciones de cuotas a los empresarios, etc.). 

Financiar las pensiones con impuestos acabaría perjudicando los salarios de los trabajadores

En la práctica, el gobierno ha financiado con cargo al Fondo de Reserva no sólo las pensiones contributivas, sino otras políticas. Concretamente, políticas de incentivos a la contratación por cuenta ajena o al alta como trabajador por cuenta propia, como las ‘tarifas planas’, entre otras. Durante tres años se ha incumplido el acuerdo de no destinar cotizaciones sociales a financiar otras políticas.  

¿La solución es el Pacto de Toledo?  

Ante esta situación, los sindicatos han propuesto la convocatoria urgente del Pacto de Toledo y que se pague parte de las pensiones con cargo a los Presupuestos del Estado, es decir, con impuestos.  

Dos soluciones más que polémicas. El Pacto de Toledo es un lugar de ‘consenso’ con todos los partidos parlamentarios, es decir, que incluye al PP y a las derechas ‘nacionalistas’. La experiencia nos dice que de ese consenso, hasta ahora, no han salido más que recortes de pensiones. Se habla de bajar de inmediato las pensiones más altas y congelar las más bajas), tal vez aderezado con algunas medidas cosméticas de mejora de la Caja de la Seguridad Social. Es decir, condenar a millones de pensionistas a la miseria.

¿O tal vez financiar las pensiones con impuestos?  

Esa siempre ha sido la propuesta de la Patronal. Es también la política que patrocina la UE, que en primer lugar significa reducir los costes salariales, es decir, reducir los salarios en beneficio de los empresarios. La Patronal la defiende no por casualidad, sino porque eso abre la vía a reducir las cotizaciones patronales a la Seguridad Social. El sistema público de pensiones en nuestro país está basado en la solidaridad de la clase obrera, consistente en que los trabajadores activos financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados, que a su vez cuando trabajaron fueron cotizantes para pagar las prestaciones de sus mayores.

Pero todas esas cotizaciones son salario, salario diferido. Rebajar las cotizaciones patronales sería una rebaja generalizada de los salarios. Además, eso pondría definitivamente el control de las pensiones en manos del gobierno de turno, que es quien decide en los Presupuestos del Estado qué impuestos se pagan y a qué se destinan.  

Detraer recursos de los impuestos sólo puede hacerse reduciendo los recursos estatales destinados a otros gastos tales como educación, sanidad, obras públicas o salarios de los empleados públicos. Y, por último, los más perjudicados por esos impuestos serán los trabajadores, tanto si son impuestos indirectos o incluso por impuestos directos, dada la estructura impositiva española cada vez más regresiva.