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El subsuelo entra en campaña

Si espías o asimilados toman protagonismo político hay que esperar ?temer? lo peor
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Probablemente, nadie esperara otra cosa que el cruce bronco y escasamente ingenioso con que está arrancando la campaña para las elecciones andaluzas, primeras de las varias que van a celebrarse este año. Tampoco para las que vendrán detrás. Sí puede, en cambio, haber producido sorpresa la filtración de datos e informaciones con el propósito de influir en la dinámica política, presuntamente a cargo de funcionarios adscritos a los servicios de seguridad. No parece buena cosa, por lo que comporta de añadir barullo, sumar descrédito para el Estado y aumentar el desencanto de una sociedad más que saturada de escándalos, pifias e irregularidades. Pero, como suele decirse, es lo que hay.

Más allá de lo que gusten las novelas y películas de espionaje, los llamados servicios secretos no suelen tener excesivo aprecio social. Coloquialmente, se aduce que se desenvuelven por las alcantarillas del poder, desempeñando tareas que no conviene exponer a la luz. El ex presidente Felipe González sostuvo hace años que eran imprescindibles, sin mayor énfasis en si deberían o no respetar ciertos límites para evitar que ensuciaran más de lo que pretenden o consiguen limpiar. Quizá por eso no convenció demasiado, aunque la mayoría siguió inclinada a no saber ni preguntar.

Un episodio que seguramente muchos recuerdan son las andanzas de Juan Alberto Perote, que alborotó hace un par de décadas la política nacional poniendo sus secretos al servicio de los intentos del abogado del estado metido a banquero, Mario Conde, para reconducir su peripecia penal. No evitó que éste acabara cumpliendo varios años de cárcel, pero se llevó por delante a unos cuantos altos cargos de primera fila y contribuyó, en medida cuando menos parcial, al indecoroso final del último gobierno socialista de Felipe González, entre 1993 y 1996.

Fueron –aquellos- tiempos de múltiples revelaciones poco o nada edificantes sobre usos y conductas de distintos estamentos, amén de verter sospechas sobre servidores públicos poco escrupulosos con la observancia de la ortodoxia, por expresar de forma un tanto eufemística una posible laxitud en los límites legales que rigen su actividad. Se llegó a generar incluso un pestilente mercadeo de grabaciones y documentos de alto potencial incriminatorio, en el que acabaron participando políticos, empresarios y medios de comunicación. Sirvió para no pocos ajustes de cuentas políticas, económicas y personales, a menudo entre correligionarios inmersos en batallas –cruentas- para posicionarse en términos de poder. A nadie debe extrañar, por tanto, que inquiete el menor indicio de que sean vísperas de algo similar.

Mal que bien, aquella etapa acabó superada, con alguna depuración y apenas condenas judiciales, y los espías, reales o supuestos, volvieron al metafórico subsuelo donde se supone que suelen -¿deben?- desarrollar su actividad… hasta estos días en que algunos podrían estar volviendo a las andadas. Por no faltar, no faltan indicios de disputas y rivalidades entre “servicios”, con cruces de acusaciones y desmentidos entre los que resulta difícil, si no imposible, tratar de discernir.

Sin perjuicio de lo que cada uno estime oportuno valorar de cada caso concreto, la realidad es que, abierto de ese modo el melón de las revelaciones y las sospechas, nadie consigue quedar bien. La difusión de cintas es muchas veces un buen ejemplo: acostumbran a salir dañados los interlocutores de la conversación, por lo que dicen y cómo lo dicen, pero también quienes han grabado –primero- y difundido –después-. Tales prácticas suelen sugerir posible intencionalidad torticera, con alto potencial de convertirlas en instrumentos de destrucción, chantaje o manipulación interesada para conseguir quién sabe qué.

Se puede aducir que desvelar conductas irregulares es siempre positivo.

Desenmascarar a inmorales y desvergonzados tiene su aquél, pero es discutible que ocurra recurriendo al método un tanto espurio de la filtración interesada.

Trasladar a la justicia conocimiento o indicios de un posible delito no puede ni debería condicionarse a ninguna clase de propósito u oportunidad.

Sorprende que los máximos responsables del Gobierno en estos menesteres estén asistiendo poco menos que impasibles a episodios de las últimas semanas, sin hacer lo necesario para identificar y corregir eventuales excesos, evitando que puedan considerarse generalizados o tolerados y se extienda la idea, real o supuesta, de que existen áreas impenetrables por miedo a lo mucho que saben y a nadie conviene que den a conocer.

Si espías o asimilados toman protagonismo político hay que esperar –temer- lo peor. Más cuando, como es el caso, se avecinan procesos electorales con visos de decidir, no sólo una posible alternancia política, sino muy posiblemente bastante más.

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