Opinión La Tribuna

El voto anticipado, una solución en tiempos de pandemia

Pere Lluís Huguet Tous

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El voto anticipado, una solución en tiempos de pandemia

El voto anticipado, una solución en tiempos de pandemia

Las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña se van a desarrollar en plena pandemia del coronavirus. Desconocemos en estos momentos la incidencia que tendrá la pandemia en la población en el mes de febrero y qué medidas deberán tomarse para poder ejercer el derecho a voto de modo seguro. El miedo al virus y las medidas de distanciamiento social pueden complicar el proceso electoral y fomentar la abstención. La administración pública y los partidos políticos deben velar por la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, cuanta más participación, mayor calidad democrática del proceso y más cerca de la verdadera voluntad popular estará el resultado. Desde diferentes ámbitos se han efectuado algunas propuestas, como las urnas móviles del Sindic de Greuges o el voto por correo exprés desde casa, pero con pocas posibilidades, dada la necesaria infraestructura de la primera, y las pocas garantías de la segunda.

Nuestro sistema electoral, e independiente del voto desde el extranjero o del personal embarcado, establece fundamentalmente dos modalidades de voto, el presencial (el día de las elecciones en el colegio electoral), y el voto por correo. Ambos sistemas gozan de una buena regulación y prueba de ello son las escasísimas denuncias de fraude que se producen en cada proceso electoral. Especialmente si lo comparamos con el caótico sistema norteamericano, y los fracasos de los intentos iniciados en el año 2002, para tratar de unificar criterios mediante la aprobación de una ley federal (Help America Vote Act), como hemos podido comprobar estos días. El problema en EEUU no solo es la dispersión de los sistemas electorales sino también la inexistencia de una eficiente autoridad electoral independiente de la administración. Por el contrario, en España existe un buen sistema electoral, basado en tres principios. El primero y fundamental es la participación de los ciudadanos en todo el proceso, mediante la formación por sorteo de las mesas electorales, por ello, quien realiza el recuento del voto, elemento fundamental de todo el proceso, son los ciudadanos y no la administración. Esta última lo único que hace es contar los votos que reflejan las actas elaboradas por la mesa para tener unos resultados provisionales con prontitud. El verdadero recuento se realiza por la Junta Electoral durante la semana siguiente sumando los resultados reflejados en cada acta, y resolviendo las protestas de cada mesa. En segundo lugar, la participación en todo el proceso de los partidos políticos, mediante el nombramiento de apoderados e interventores que fiscalizan todo el proceso electoral. Y en tercer lugar, la existencia de una autoridad electoral independiente de la administración residenciada en la sede de los juzgados y tribunales, siendo siempre mayoritaria en su composición los vocales procedentes del poder judicial, por sorteo entre jueces y magistrados, y el resto de vocales elegidos, de entre juristas, politólogos y sociólogos, por los partidos por consenso.

El sistema implantado después de la transición con pequeñas reformas ha dado excelentes resultados, quizás el voto de los residentes en el extranjero requiera ser dotado de mayor agilidad, pero en definitiva, la inexistencia de denuncias de fraude electoral durante todos estos años pone de manifiesto lo acertado del sistema.

Por ello, y dada la situación de pandemia actual y como medio de fomento de la participación, aprovechando la excelente estructura, haya llegado el momento de introducir en nuestra legislación electoral el voto anticipado, más aún si tenemos en cuenta la desconfianza que el voto electrónico ha generado en la población y la falta de un sistema absolutamente fiable, no tanto por los medios técnicos, que existen, sino por quien controla y certifica los medios técnicos.

Su regulación podría ser absolutamente sencilla y garantista, consistiendo en permitir, durante los días que se considere necesarios, con anterioridad al día de las elecciones, que los ciudadanos pudieran acudir ante la Junta Electoral de Zona, cuya sede es la de los juzgados, para emitir su voto. Este deberá ser guardado y custodiado por el secretario de la Junta Electoral, que a su vez es Letrado de la Administración de Justicia, y que por lo tanto tiene las funciones de fe pública. Posteriormente el día de las elecciones será entregado a la mesa electoral donde debería emitir su voto. Una vez recibido, el presidente de la mesa comprueba debidamente el precinto, y extrae del sobre que le ha sido entregado los que contienen el voto y los introduce en la urna.

Como ven, el sistema es parecido al voto por correo, pero mucho más ágil y fácil, y con todas las garantías, además ha sido probado con notable éxito, desde hace décadas, en países como Australia, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, y Canadá entre otros. Pero para ello existen dos problemas. El primero, la voluntad política de los partidos que forman el parlamento catalán para implementarlo ya que, de conformidad con el artículo 56.2 del Estatuto se requiere una mayoría de 2/3 de la cámara. El segundo, si aún estamos a tiempo, ya que el presidente del Parlamento catalán ha anunciado que el próximo 22 de diciembre disolverá la cámara. Las dos cuestiones pueden solventarse si hay consenso y voluntad política, ya que el propio reglamento del Parlament establece el sistema de lectura única que acelera los trámites.

Por último, cabría también una reforma de la Ley Orgánica en las Cortes Generales, ya que el régimen electoral catalán es el establecido en la ley Orgánica General, al no existir ley propia. En definitiva, es implantar un sistema que ha sido un éxito en diferentes países, aprovechando la excelente estructura electoral del nuestro, con la firme voluntad de fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales en una época de pandemia que puede provocar una alta abstención.

Pere Lluís Huguet Tous: Abogado. Fue decano del Col·legi d'Advocats de Reus durante trece años, hasta 2016. Expresidente del Consejo de la Abogacía catalana. Es concejal de Ciutadans en el Ayuntamiento de Salou.

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