En espera de un gesto de distensión

Desde la mayoría de interpretaciones jurídicas el delito de rebelión no encuentra argumentos en el caso del 1 de octubre

 

26 octubre 2018 16:46 | Actualizado a 26 octubre 2018 16:50
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó ayer la apertura de juicio oral contra Oriol Junqueras y los otros 17 exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament procesados. Esta resolución da paso a que la Fiscalía presente su escrito de acusación, con la petición de años de cárcel para cada uno de ellos así como los delitos por los que va a acusar a los líderes independentistas por aprobar leyes en el Parlament en contra de la Constitución, convocar y celebrar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y por declarar unilateralmente la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. Durante las últimas semanas, las presiones independentistas han ido encaminadas a que el Gobierno de Pedro Sánchez deslizara instrucciones a Fiscalía para que al menos retirara las acusaciones del delito de sedición. Las opiniones públicas de diversos cargos socialistas han ido en esta línea, pero no tanto referidos a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado sobre la que el Gobierno sí tiene jurisdicción directa. El Gobierno necesita de los votos independentistas para sacar adelante los Presupuestos, pero tanto desde el Govern de la Generalitat como de la propia ERC, se ha reiterado a Pedro Sánchez que sin un gesto efectivo en favor de los presos no habrá a poyo a las cuentas socialistas. De hecho el PSOE ha movido varias piezas. En primer lugar, Sánchez ha enterrado en lo más profundo del cajón el proyecto para modificar el Código Penal de manera que lo sucedido el 1-0 en Catalunya tenga la calificación de rebelión. En la actualidad, la mayoría de juristas interpretan que para un ilícito penal sea calificado de rebelión debe concurrir el uso de la fuerza de las armas, circunstancia que en ningún caso se produjo en los hechos que ahora se juzgarán. En los próximos días quedará despejada la cuestión. Si las acusaciones públicas mantienen en su integridad la carga acusatoria demoledora contra los procesados, no habrá Presupuestos y tampoco se vislumbrará un camino con esperanzas para devolver la normalidad a Catalunya.

 

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