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En vísperas del 1-O

Mantener las posturas de los gobiernos de España y Catalunya es lesivo para España y para Catalunya
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A  pocos días del 1-O, la fecha señalada por el Govern de la Generalitat y el Parlament para el referéndum de autodeterminación de Catalunya, vivimos en un estado de tensión expectante. Un hecho tan trascendental y sin precedentes en nuestro país no tiene aún bien definido el marco en el que se va a desarrollar. Su realización efectiva sigue siendo objeto de discusión, alimentada por posturas muy claramente definidas, nada ambiguas y antitéticas: tan claramente como ha afirmado el presidente del Gobierno de España que este referéndum no se celebrará, lo ha hecho el presidente del gobierno catalán en sentido contrario.

¿Cómo se ha llegado a tal situación? Desde mi punto de vista, que no es equidistante ni pretende serlo, pero que sí que pretende basarse en la razón, a través de una muy larga cadena de acciones y omisiones de más de cinco años de duración, si nos remitimos a la entrevista Rajoy-Mas de setiembre de 2012 (Rajoy rechaza el pacto fiscal por ser ‘contrario a la Constitución’, El País, 20 de septiembre de 2012), o de más de diez, si consideramos como pecado original la petición de firmas para un referéndum contra el Estatut de Catalunya (Rajoy afirma que tiene derecho a recoger firmas donde le dé ‘la gana’ para apoyar un referéndum, El Mundo, 31 de enero de 2006). En cualquier caso muchas semanas, meses y años de falta de trabajo conjunto en la cuestión que nos ocupa como para que ahora vivamos días tan inciertos. La cadena es tan larga que es impracticable hacerle un repaso completo. Así, cualquier intervención en favor o en contra de la celebración de este referéndum puede permitirse seleccionar algunos de los eslabones y engancharlos a sus argumentos, en una inacabable justificación de las posturas tan bien definidas. 

Mi intención es la de rehuir una aproximación parecida (a pesar de creer poder señalar no pocas falacias construidas, especialmente estas últimas semanas), e intentar identificar la causa última del conflicto. Formalmente, éste tiene dos polos; por un lado, la sólida determinación de una parte importante de la sociedad catalana que ya con la sentencia del Estatut en julio de 2010 dijo basta, hasta aquí hemos llegado, y que lo ha seguido manifestando año tras año (¿es mayoritaria esta posición en la sociedad catalana? en el fondo, dar respuesta a esta pregunta es lo que nos lleva al referéndum). Por otro lado, una valoración equivocada, en el mejor de los casos (en el peor sería cálculo político y actitud deliberada), por parte del aparato del Estado (gobierno Rajoy, pero también grandes partidos y estructuras económicas e incluso la «intelligentsia») que ha conducido primero a menospreciar las manifestaciones multitudinarias durante años y después a campañas del miedo (elecciones de 2015, las pensiones, la ‘europea’...), a guerra sucia, a manipulación informativa y finalmente a un clímax de utilización del aparato judicial.

Y estos dos polos se mueven alrededor de la cuestión verdaderamente de fondo: ¿quién tiene derecho a decidir sobre el ordenamiento político de Catalunya? Ésta ha sido siempre la cuestión; ahora y en 1978. Porqué, de hecho, a lo que dijo basta la manifestación de 2010 y han seguido diciendo las posteriores, es a la interpretación de que dicho ordenamiento político es una materia sobre la que tienen derecho a decidir todos los españoles y no únicamente los catalanes. Soy consciente de cómo de restrictivamente se puede leer la Constitución en esta materia, porque no por azar se hace referencia explícita a la indisoluble unidad de la nación española. Pero, de la misma manera, se me hace evidente que la Constitución ampara la posibilidad de preguntar al pueblo de Catalunya si es verdad que ha dejado de estar de acuerdo con ello (únicamente depende de la voluntad política del Gobierno de España). 

La Constitución tan invocada no es culpable de nada. Seguramente se hizo lo que se pudo en las circunstancias del momento. Así, del mismo modo que dice que España es indivisible, habla también de los pueblos de España e introduce un concepto extraño, el de nacionalidad (para soslayar hablar de naciones dentro de España). La cuestión no es nada baladí; de hecho ahí está el meollo: ¿es o no es nación Catalunya? Entre el 70 y el 80% de los catalanes dicen que sí. Que existe Catalunya, que existe el pueblo catalán, que constituye una nación en el panorama de naciones del Mundo y que, como tal, tiene derecho a decidir sobre su ordenamiento político, tantas veces como le sea necesario decidir. Lo hizo en 1978 aceptando el texto Constitucional y necesita volver a hacerlo ahora.

¿Hay problemas legales para que pueda llevarse a cabo dicha consulta? En cualquier caso, son soslayables mediante la decisión y la acción política. Lo contrario, mantener las actuales posturas del Gobierno de España y el de Catalunya, es lesivo para España y para Catalunya. Si el Estado consigue impedir el referéndum, se evidenciará interna y externamente una situación de dominación que no es aceptable, ni sostenible. Un referéndum limitado por deficiencias técnicas puede conducir a la continuación agónica de la tensión, sea cual sea el resultado. La situación sólo tiene una salida digna de una sociedad democrática avanzada: asegurar, por parte de Gobierno de España y Gobierno de la Generalitat, la correcta celebración del referéndum y trabajar conjuntamente, a continuación, para dar cumplimiento a la decisión del pueblo de Catalunya. Quedan pocos días para ponerse de acuerdo, estamos ya en vísperas del 1-O.

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