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Energía y clase social

La subida de precios de los servicios básicos (todos tenemos in mente la electricidad y los carburantes) es un golpe a la población que vive en los estratos inferiores de la escala social

Antonio Papell

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Afinales de la centuria anterior, tuve ocasión de entrevistar en París al sociólogo Alain Touraine, verdadero santón de la moderna socialdemocracia, quien acabó recibiendo en 2010 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, y que todavía vive y escribe, a sus 96 años. Y de aquella entrevista recuerdo una frase lapidaria, que era un dechado de modernidad en aquella época todavía: «Lo importante ya no es estar arriba o abajo sino encontrarse dentro o fuera del sistema».

Las clases sociales se ha extinguido o se han convertido en asunto abstracto y testimonial. La gran diferenciación social es entre integrados y desintegrados. Los integrados son quienes han conseguido introducirse en el sistema, formarse adecuadamente según sus capacidades, insertarse en sus engranajes, tener oportunidades de ascenso, gozar del estado de bienestar y disfrutar de seguridad en sentido amplio.

Los desintegrados son quienes han recibido mala o nula formación, han de conformarse en el mejor de los casos con empleos de mala calidad, no salen de la miseria porque son ‘trabajadores pobres’ -su salario con 40 horas de trabajo a la semana nos les permite vivir dignamente-, no pueden acceder al consumo, ni siquiera a los productos de primera necesidad, y deben reducir extraordinariamente la demanda de los servicios que no son gratuitos: transporte, agua, electricidad. Los inmigrantes pertenecen a esta segunda categoría.

Si se reconoce este dibujo de la realidad caricaturizada, se entenderá que, simplificadamente, la realidad social se estructura en dos niveles, o clases, o categorías, que son las que enunciaba Touraine, y que más simplificadamente se reducen a dos: ricos y pobres (en ambas hay niveles superpuestos, obviamente) según participen o no del bienestar general.

Hay dos luchas que deben mantenerse a la par: la de modernizar sin vacilaciones ni remoloneos este país, y la de integrar a los sectores que van a rastras, sin participar en la oleada civilizadora

Y la equidad de un sistema sociopolítico se mide por la cantidad de «pobres», es decir, por el porcentaje de personas que se encuentra por debajo de determinado umbral. En el lenguaje del INE, la pobreza o carencia material severa se da cuando se cumplen cuatro de estos nueve supuestos: el hogar no puede permitirse unas vacaciones de al menos una semana al año, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 750 euros), ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, no puede permitirse disponer de un automóvil, no puede permitirse disponer de teléfono, no puede permitirse disponer de un televisor, no puede permitirse disponer de una lavadora). Pues bien: según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE publicada en julio pasado, la tasa se ha disparado al 7%. La cifra queda muy por encima del 4,7% del año previo, tras un repunte del 50% provocado sin duda en gran parte por la pandemia y sus consecuencias.

Pues bien: la subida de precios de los servicios básicos (todos tenemos in mente la electricidad, que nos protege del frío y del calor y nos suministra energía para cocinar y otros menesteres, y los carburantes, que determinan el precio del transporte) es un golpe a la población que vive en los estratos inferiores de la escala social. Lo grave de la subida incontrolable e incontrolada de la electricidad no es que las familias normales vean su economía quebrantada sino que la necesidad de quienes se hallan al borde del sistema se vuelve insoportable. Por eso estas carencias no pueden tratarse como un asunto político corriente: escribió Sulzberger que a España había que arrastrarla «kicking and screaming» (gritando y pataleando) hasta el siglo XX. Y todavía tenemos que mantener esta tensión porque sigue habiendo una España hambrienta que permanece anclada al siglo XIX.

Hay, en definitiva, dos luchas que deben mantenerse a la par: la de modernizar sin vacilaciones ni remoloneos este país, y la de integrar a los sectores que van a rastras, sin participar en la oleada civilizadora y sin esperanza de conseguir siquiera los promedios estadísticos de bienestar.

Los llamados progresistas deben hacer, obviamente, especial hincapié en esta segunda cuestión.

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