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Error jurídico y político

El Tribunal Constitucional y sus normas no pueden quedar al arbitrio de quienes gestionan un conflicto, por grave que sea
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La pretensión de reformar a toda prisa, por vía de urgencia y por lo tanto sin los tranquilizadores informes del Consejo de Estado y de otras instituciones, el artículo 92 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional es un error abultado. La medida no aporta nada al sistema y sí lo desacredita puesto que supedita una institución central al interés ocasional de un grupo. Desde el punto de vista técnico, la cuestión no es ni siquiera relevante. Se pretende hacer posible que el TC recabe auxilio a las distintas administraciones y poderes públicos para «garantizar la efectividad de sus resoluciones». Frente a ello, Jueces para la Democracia y la asociación judicial Francisco de Vitoria se han pronunciado en contra. Quienes rechazan la mudanza alegan, además de una precipitación inexplicable, la evidencia de que el TC no es en absoluto un tribunal de justicia, y el hecho incontrovertible de que ya es posible acusar penalmente a los incumplidores de las resoluciones del TC por delitos de desobediencia, prevaricación e incluso sedición. En definitiva, la norma en ciernes es en realidad una carga de profundidad contra el soberanismo. La democracia, para cargarse de razón, tiene que ser escrupulosa con los principios y con los procedimientos. Y en este caso, la estética ha fracasado estrepitosamente. El TC y sus normas no pueden quedar al arbitrio de quienes gestionan un conflicto, por grave que sea, si no se quiere desacreditar la institución.

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