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¿Es compatible el euro con el Estado del bienestar?

Quienes actualmente imponen sus criterios en la eurozona son conservadores
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En el fondo de la crisis griega, late esta pregunta, que alguna vez nos hemos formulado todos los europeos conscientes de lo que ocurre desde que se desencadenó la gran crisis económica: ¿es compatible el euro con el modelo social europeo, con las aspiraciones de grandes sectores sociales a un estado de bienestar acogedor? Joaquín Estefanía hablaba de ello en un artículo reciente en el que invocaba la conocida afirmación de Thomas Friedman: la globalización obliga a todos los países a ponerse «una camisa de fuerza dorada», que se caracterizaría por más economía y menos política. Más racionalidad económica y menos atención a las aspiraciones de la gente.

Es evidente que la pertenencia al euro obliga a acatar los tratados. En concreto, el acto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, que obliga a los Estados miembros a mantener sus grandes parámetros macroeconómicos dentro de unos márgenes de convergencia. En concreto, se limita el déficit público –y por lo tanto la aplicación de políticas anticíclicas, keynesianas–, la deuda y la inflación. Ya en este siglo, las condiciones se han flexibilizado, con el fin de garantizar la sostenibilidad del modelo a todo lo largo del ciclo económico.

No es irracional, sino al contrario, que unos países que adoptan una moneda común –en realidad, una política monetaria común– fijen una serie de límites de convergencia en tanto no unifiquen también su política económica y fiscal. Se trata de una renuncia parcial a la soberanía perfectamente coherente con la idea federal que preside el conjunto. Sin embargo, los tratados no limitan el tamaño del sector público ni la presión fiscal, por lo que no entran en el ‘modelo de sociedad’ de cada país. De hecho, en el Eurogrupo los hay más desregulados –los del Este, por ejemplo– y más estatalizados –como Francia–. Conviven en definitiva modelos más socialdemócratas con otros más liberales, y en todo caso, la presión contra el intervencionismo proviene más de la necesidad de conseguir productividad y competitividad, impuestas por la globalización, que de la estabilidad relacionada con la divisa común.

En evidente que quienes actualmente imponen sus criterios en la eurozona son mayoritariamente conservadores, como los representantes políticos en el Parlamento Europeo después de las elecciones del año pasado. En estas circunstancias, es lógico que las terapias contra la crisis estimuladas por Bruselas hayan sido implacablemente liberales, pero en realidad el ajuste ha sido administrado por los gobiernos nacionales, por lo que su composición ha sido responsabilidad de los gobiernos respectivos, que han podido elegir las partidas que han menguado y las que se han mantenido.

En definitiva, y para simplificar el argumento, no ha sido Bruselas sino Merkel quien ha impuesto el máximo rigor en el ajuste (España deberá alcanzar el déficit del 3% el año próximo) y no han sido las instituciones europeas sino los gobiernos españoles –el de Zapatero, primero, y el de Rajoy, después– quienes han administrado los ajustes. En un contexto socialdemócrata, el ajuste general hubiera podido dilatarse a lo largo de más años y los recortes presupuestarios combinados con sobrecargas fiscales se hubieran podido gestionar con diferente sensibilidad. Sería, en definitiva, injusto culpar a Europa de los vectores ideológicos imperantes.

Los Estados de Bienestar europeos, claramente a la baja desde los años ochenta del pasado siglo, no dependen en definitiva del proceso integrador sino de la voluntad de los ciudadanos, de su decisión de renunciar a ellos en aras de la competitividad o de su firme voluntad de mantenerlos mientras se busca la productividad por otros caminos (I+D, formación, etc.). Ésta es la verdad de la situación.

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