Extemporánea reforma constitucional

La reforma constitucional ha sido traída al debate político por el ministro de Justicia el pasado jueves, en una intervención ad hoc para dejar constancia de esta aportación al acervo preelectoral de ideas, no se sabe bien con qué objetivo. El asunto debió haber sido debatido internamente en la cúpula del partido, aunque no más abajo, y de ahí que el anuncio provocara cierto desconcierto en las filas populares. Al día siguiente, viernes, Rajoy, preguntado por los periodistas al término de la audiencia con el Rey en Marivent, corroboró su disposición futura: «En la próxima [legislatura] podemos hablar, pero siempre con el máximo consenso posible de todos los partidos». En cualquier caso, tuvo interés el presidente del Gobierno en no relacionar la reforma constitucional con la cuestión catalana y aclaró que «los independentistas no van a quedar contentos con las reformas constitucionales que puedan aprobar las Cortes; sus parámetros son la liquidación del Estado, y no lo vamos a permitir». Rajoy recordó que de hecho la Constitución ya se ha cambiado dos veces, una para que los ciudadanos europeos pudieran votar en las elecciones municipales y otra para establecer el límite de endeudamiento, por lo que «se puede cambiar de nuevo para hacer más ‘entendibles’ las competencias de las comunidades». Finalmente, Rajoy aludió al dictamen sobre la reforma constitucional, que calificó de ‘magnífico’, elaborado en 2006 por el Consejo de Estado, entonces presidido por Francisco Rubio Llorente, por encargo del presidente Rodríguez Zapatero. Éste tuvo que archivar su propuesta de reforma por falta de sintonía con los demás partidos, incluido el PP, poco dispuestos a acompañar al PSOE en aquel viaje.

Es poco inteligible que el Gobierno saque este asunto al término de la legislatura y a escasas semanas del 27-S si la reforma en cuestión no va a utilizarse para remover el impasse que ha habido en las relaciones entre Cataluña y el Estado, y/o para satisfacer lo que tienen de atendibles las principales reclamaciones catalanas, hoy desvaídas y ocultas bajo la brutal reivindicación independentista que, en su formato actual, anula cualquier posibilidad de negociación. De hecho, la reforma que propone el PSOE, y que tiene un significado claramente federalizante, pretende ante todo proporcionar a Cataluña un acomodo más acorde con sus aspiraciones de más autogobierno (otra cosa es que el modelo federal agrade o no a los soberanistas), y en todo caso acabar con el foco de conflictos que ha generado desde hace años el Estado de las Autonomías.

El ‘Informe sobre modificaciones de la Constitución española’ del Consejo de Estado, que lleva fecha de enero de 2006, atiende como se ha dicho una consulta expresa del Ejecutivo que hacía referencia a cuatro aspectos de la Carta Magna que habría que reformar: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas, y la reforma del Senado.

Los cuatro puntos que entonces se consideraban susceptibles de una actualización constituyente siguen necesitándola, sin duda, pero probablemente el planteamiento deba ser ahora más ambicioso, en especial en lo tocante al Título VIII -De la organización territorial del Estado-, que debería reescribirse por entero para describir un modelo federalizante, dotado de un sistema competencial bien estructurado y con un sistema de financiación paccionado y muy descentralizado que mantenga el mecanismo de solidaridad interterritorial con gran transparencia. En cualquier caso, la reforma debe plantearse con normalidad al comienzo de una legislatura con vocación de universalidad o, cuando menos, de un consenso muy cualificado. En modo alguno puede ser concebida como un resorte electoralista, por lo que esta última ocurrencia solo merece el archivo hasta mejor ocasión.