Faltó política en la legislatura

Todo el mundo sabe que soy amigo de él [de Rodrigo Rato] y puedo decir que me llevé un gran disgusto; pero ha sido una actuación independiente de la Agencia Tributaria y de la policía en la que el Gobierno no tiene nada que ver y de la que me enteré por la prensa». Ésta fue al respuesta de Mariano Rajoy a una pregunta que le formuló María Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter en una reunión del Foro Puente Aéreo el pasado martes. Después hemos sabido que el día de autos Rajoy se enteró, efectivamente, por un director de periódico que fue a visitarle poco antes de que se practicara la detención de Rato, que fue conocida de antemano en determinados medios.

Este relato es profundamente desconcertante. Que el presidente del Gobierno no sea advertido con suficiente anterioridad de que la policía fiscal va a detener aparatosamente por un delito económico –no por un delito flagrante– nada menos que a quien fue vicepresidente del Gobierno de su propio partido y ministro de Economía y Hacienda es sencillamente inconcebible. Porque este hecho demuestra que el Estado no funciona correctamente, que no existe en este país la cooperación institucional que caracteriza a las democracias avanzadas, que los poderes públicos no sólo no se extralimitan sino que tampoco desarrollan aquellas funciones que les son propias y que resumen la idea de progreso y civilización.

Rajoy ha alardeado más de una vez de que él no interfiere en los asuntos públicos, y es plausible que así sea. En un régimen democrático, las instituciones públicas deben funcionar con un automatismo que soslaye toda interferencia interesada, toda injerencia inapropiada. La figura de la recomendación, tan extendida en otro tiempo, no tiene cabida en el sector público de un estado de derecho en el que la promoción de las personas debe atenerse escrupulosamente a criterios tasados de mérito y capacidad. Pero eso no significa, ni mucho menos, que el poder haya de ser neutro ni que pueda estar ausente. Al contrario: el poder democrático tiene la obligación de hacer política, que consiste en impulsar los asuntos públicos en una determinada dirección.

Con toda evidencia, en esta legislatura que concluye Rajoy no ha hecho política. Y ello es así incluso si se acepta que la inhibición en determinados asuntos también es hacer política. Puede admitirse que Rajoy hizo política cuando no solicitó el rescate pese a las presiones, e incluso cuando ha dado la callada por respuesta a determinadas provocaciones del nacionalismo catalán. Pero al mismo tiempo es claro que ha faltado política en otras muchas materias: el Gobierno no se ha preocupado por lograr un prorrateo más justo de los costes sociales de la crisis; por la estabilización de Cataluña, que se ha podido encarrilar desde una mayoría absoluta pero que podría estallar en pedazos en un hipotético futuro en que el Gobierno del Estado sea más débil; po la muy necesaria modernización del Estado, incluidas la reforma del sistema de financiacón autonómica y la reforma constitucional; por convencer con hechos y con pactos a la ciudadanía de que la corrupción está definitivamente erradicada de este país, etc.

Esta carencia de verdadera política costará muy cara al Partido Popular, pero también al sistema mismo. El fracaso del modelo bipartidista dará paso a un sistema aparentemente más sofisticado pero también mucho más inestable que alimentará por añadidura viejos demonios familiares (el del secesionismo en primer lugar). Y la inexistencia de grandes acuerdos en materias vitales –en educación, sobre todo– facilitará peligrosos vaivenes que pueden lesionar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero no anticipemos acontecimientos, que las elecciones están todavía por venir.