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¿Federalismo en España? No, gracias

Utrera declaró la guerra a Sevilla. Betanzos se declaró independiente de La Coruña

José Daniel Vila Robert

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Algunos de los líderes políticos actuales están apelando con frecuencia al federalismo o cantonalismo, como la mejor solución para el problema territorial, derivado del título VIII de la vigente Constitución española. Preconizar tales teorías, en mi opinión, además de un error de bulto, supone una total y supina ignorancia histórica sobre la materia.
El federalismo, en sentido estricto, consiste en un sistema político de gobierno basado en una confederación de estados independientes que, en los asuntos más relevantes y de interés general para todos, se sujetan a las decisiones emanadas de una autoridad central. &nb sp;
Históricamente, los ‘federales’ tuvieron su origen durante la Guerra de Secesión norteamericana, en el siglo XIX (1861-1865), época en la que los luchadores del norte combatían por el mantenimiento de la Unión contra los confederados del sur. Era una lucha entre federados nordistas y sudistas. Suiza es un ejemplo modélico de federación de Estados independientes, la Confederación Helvética. La misma ha conseguido ampliamente el objetivo de una economía unida, rica y pujante, careciendo de recursos energéticos naturales.
En concreto, la federación resulta posible cuando la unión tiene su origen con Estados independientes. Para que España pueda seguir el sistema que propugnan los actuales líderes políticos federalistas, habría que partir originariamente de Estados independientes, lo cual significaría la desmembración del país para así poder formar una unión posterior.&nbs p;
El sistema de comunidades autónomas (CCAA), actualmente existente de acuerdo con el título VIII de la Constitución vigente, tiene dependencia del poder central. Si en España se acometiera una federación de Estados, implicaría previamente una división político-geográfica, con evidentes desequilibrios de todo tipo. El primer paso a seguir sería la constitución de una multiplicidad de Estados soberanos, para pasar posteriormente a una federación de Estados, que deberían renunciar a algunas competencias que pasarían al poder central.
El paso necesario para constituir un Estado federal español obligaría necesariamente a un acuerdo unánime, entre todas las partes implicadas, lo cual, en mi opinión, equivaldría a la cuadratura del círculo, es decir, algo imposible.
Si revisamos históricamente el federalismo en España, el segundo presidente de la Primera República, Francisco Pi y Margall, proyectó en la Constitución de 1873 que las regiones fueran Estados soberanos y, tras ello, se declararon las repúblicas independientes de Catalunya, Málaga, Cádiz, Valencia, Granada, Sevilla, Alcoy, Cartagena, Algeciras, Almansa, Andújar y algunas más. Jumilla y Murcia se enfrentaron abiertamente, mientras Cartagena se mantenía neutral y se constituyó también independiente.
El proyecto federalista, como no podía ser de otro modo, fue rechazado por las Cortes, con la dimisión del presidente Pi y Margall, que no era partidario de actuar contra los federalistas. Su mandato, como presidente de la primera República, duró exactamente 37 días y fue sustituido por Salmerón. Este envió de inmediato tropas a Cartagena para abolir la independencia declarada. Cartagena incluso acuñó moneda propia: el duro y la peseta cantonal.
Granada y Jaén se declararon en guerra y también Utrera y Sevilla. Betanzos se declaró independiente de La Coruña. Al fin, el presidente Salmerón envió al prestigioso general Arsenio Martínez Campos a Levante y Andalucía para sofocar la rebelión, lo que consiguió en apenas dos meses.

Algunos de los líderes políticos actuales están apelando con frecuencia al federalismo o cantonalismo, como la mejor solución para el problema territorial, derivado del título VIII de la vigente Constitución española. Preconizar tales teorías, en mi opinión, además de un error de bulto, supone una total y supina ignorancia histórica sobre la materia.

El federalismo, en sentido estricto, consiste en un sistema político de gobierno basado en una confederación de estados independientes que, en los asuntos más relevantes y de interés general para todos, se sujetan a las decisiones emanadas de una autoridad central.

Históricamente, los ‘federales’ tuvieron su origen durante la Guerra de Secesión norteamericana, en el siglo XIX (1861-1865), época en la que los luchadores del norte combatían por el mantenimiento de la Unión contra los confederados del sur. Era una lucha entre federados nordistas y sudistas. Suiza es un ejemplo modélico de federación de Estados independientes, la Confederación Helvética. La misma ha conseguido ampliamente el objetivo de una economía unida, rica y pujante, careciendo de recursos energéticos naturales.

En concreto, la federación resulta posible cuando la unión tiene su origen con Estados independientes. Para que España pueda seguir el sistema que propugnan los actuales líderes políticos federalistas, habría que partir originariamente de Estados independientes, lo cual significaría la desmembración del país para así poder formar una unión posterior.

El sistema de comunidades autónomas (CCAA), actualmente existente de acuerdo con el título VIII de la Constitución vigente, tiene dependencia del poder central. Si en España se acometiera una federación de Estados, implicaría previamente una división político-geográfica, con evidentes desequilibrios de todo tipo. El primer paso a seguir sería la constitución de una multiplicidad de Estados soberanos, para pasar posteriormente a una federación de Estados, que deberían renunciar a algunas competencias que pasarían al poder central.

El paso necesario para constituir un Estado federal español obligaría necesariamente a un acuerdo unánime, entre todas las partes implicadas, lo cual, en mi opinión, equivaldría a la cuadratura del círculo, es decir, algo imposible.

Si revisamos históricamente el federalismo en España, el segundo presidente de la Primera República, Francisco Pi y Margall, proyectó en la Constitución de 1873 que las regiones fueran Estados soberanos y, tras ello, se declararon las repúblicas independientes de Catalunya, Málaga, Cádiz, Valencia, Granada, Sevilla, Alcoy, Cartagena, Algeciras, Almansa, Andújar y algunas más. Jumilla y Murcia se enfrentaron abiertamente, mientras Cartagena se mantenía neutral y se constituyó también independiente.

El proyecto federalista, como no podía ser de otro modo, fue rechazado por las Cortes, con la dimisión del presidente Pi y Margall, que no era partidario de actuar contra los federalistas. Su mandato, como presidente de la primera República, duró exactamente 37 días y fue sustituido por Salmerón. Este envió de inmediato tropas a Cartagena para abolir la independencia declarada. Cartagena incluso acuñó moneda propia: el duro y la peseta cantonal.

Granada y Jaén se declararon en guerra y también Utrera y Sevilla. Betanzos se declaró independiente de La Coruña. Al fin, el presidente Salmerón envió al prestigioso general Arsenio Martínez Campos a Levante y Andalucía para sofocar la rebelión, lo que consiguió en apenas dos meses.

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