Fin de curso: crisis, negociación y Presupuestos

Es conocido que, salvo imponderables, este Gobierno puede mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones generales, ya que no existe opción alternativa: las tres derechas no tienen fuerza suficiente para sacar adelante una moción de censura. Sí podría, en cambio, tener problemas para sacar adelante la Ley de Presupuestos de 2022 y todas las demás leyes si no contara con los votos de ERC (los Presupuestos de 2021 salieron adelante con 188 votos, entre ellos los del ERC y el PdECat, aunque no los de JxCat) y de otros socios progresistas.

Así las cosas, no tenía sentido hablar de ‘autoindulto’ en el otorgamiento de medidas de gracia a los nueve presos encarcelados por el ‘procés’ como ha hecho el Supremo en un preceptivo (pero no vinculante) informe sobre el particular. Lo que sí es evidente es que la mejora de relaciones entre los Gobiernos del Estado y de Cataluña facilitará la disponibilidad de unas nuevas cuentas públicas para 2022 que, aunque no son indispensables para estabilidad del Ejecutivo, serán muy pertinentes por la singularidad del ejercicio.

El próximo 2022 será el año de la reconstrucción del país tras la pandemia, en buena medida recuperando el ritmo perdido pero también aplicando los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Fondos Next-Generation, que insuflarán en la economía europea 750.000 millones de euros, la mitad aproximadamente a fondo perdido, y que obligarán a los países a poner en pie una agenda de reformas e inversiones para alcanzar los objetivos identificados en el Semestre Europeo, en particular aquellos relacionados con las transiciones verde y digital.

Lo pactado especifica que los recursos sólo llegarán a los países beneficiarios «si se han cumplido las metas y los objetivos establecidos en los planes de recuperación y resiliencia». Como es conocido, España ya ha remitido a Bruselas los proyectos, que han sido muy bien acogidos, pero ahora convendrá realizar una traducción presupuestaria de esta tarea.

Máxime cuando el Gobierno se resiste a realizar la reforma fiscal el año que viene: prefiere esperar a 2023 para no estrangular la recuperación.

Sánchez ha anunciado que se dispone a negociar esos Presupuestos, y Aragonés, siempre temeroso de parecer débil en sus reivindicaciones, ha puntualizado que poco o nada tendrá que ver la negociación del conflicto con la puesta en común de unas cuentas públicas. Es obvio que en septiembre, cuando comiencen a abordarse ambos asuntos, será prácticamente imposible separar el uno del otro, no solo por la coincidencia cronológica sino porque el relanzamiento del país con recursos suficientes es una ocasión magnífica para reconsiderar el sistema de financiación autonómica. Y parece claro que este asunto, que habrá de acabar planteándose a escala federal -es decir, con el concurso de todas las comunidades autónomas en pos de un consenso federalizante-, terminará siendo la clave de un pacto complejo que incluya la reincorporación de la autonomía catalana a la institucionalización estatal.