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Final de legislatura agitado

La situación global del país aconseja buscar acuerdos de mínimos para la convivencia
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El final de legislatura que está viviendo el Gobierno del Partido Popular se ha vuelto un verdadero calvario político. El principal problema está en Cataluña donde la pasividad oficial, al menos aparente, y la hiperactividad de los independentistas no puede por menos que preocupar. Y mucho. Mariano Rajoy se desgañita diciendo que no habrá independencia, pero sus palabras suenan a viejo tópico. No es fácil asumirlas sin saber exactamente qué va a hacer el Gobierno para impedir cualquier locura de los fanáticos de la secesión con Atur Mas y el poder autonómico que representa a la cabeza.

La única esperanza es que la absurda candidatura de convergentes y republicanos no obtenga la mayoría que ansían para tener una justificación, por supuesto inaceptable, para intentar cumplir sus amenazas. Las cosas han ido muy lejos, se ha dejado crecer y multiplicar la amenaza y no se ha hecho nada por frenarla antes de que llegase a mayores, como está llegando. Exigir el cumplimiento de las leyes es lógico pero ante un problema político, insuficiente. Si todo estuviese en manos de los jueces, los políticos estarían de más.

Nos aguarda una tensa espera hasta el 27 de septiembre, ya a menos de dos meses vista; todo parece depender de los votantes catalanes, sometidos a una presión propagandística asfixiante, y a partir de ahí de como el presidente Rajoy decida afrontar la nueva situación. Porque sea cual sea el resultado de las elecciones autonómicas convertidas en plebiscitarias, algo habrá que hacer, tanto para frenar un peligro inminente como para evitar que vuelva a repetirse en el futuro. Pero Cataluña no es el único quebradero de cabeza que crea al poder la situación del país.

Mientras, los escándalos de corrupción continúan deteriorando la imagen de la política en unos momentos en que más necesaria se vuelve su ejemplaridad. La irrupción de nuevos partidos –propiciados por el cabreo popular ante los recortes económicos– en el control de una buena parte del poder municipal está originando graves desacatos a las leyes, falta de respeto a las instituciones e intentos de saltarse el orden garante de la convivencia que legitima la Constitución. El Gobierno está siendo convocado a responder en muchos frentes y lo único que parece interesarle es promulgar leyes a destajo y dejar que el tiempo resuelva lo demás.

La situación global del país recomienda buscar acuerdos de mínimos que garanticen la convivencia y la defensa de la democracia. Pero eso parece estar reñido con la lucha electoral y da la impresión de que es lo único que preocupa. Asistimos a una actividad política de miras cortas, de una actividad política despreocupada por el futuro que es algo que no puede ganarse de un día para otro.

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