Geometría excesivamente variable

La política de respaldos parlamentarios desarrollada por el gobierno durante los últimos días tiene a la mayor parte de la opinión pública desconcertada. Pocos días después de llegar a un entendimiento con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma, que sugería un giro para no depender del independentismo, los socialistas anunciaron un pacto con EH Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral aprobada por el PP. Semejante volantazo estratégico ha hecho saltar todas las alarmas, pues rebasa los límites asumibles de la geometría variable para adentrarnos en una especie de política cuántica, que impide identificar la posición y la trayectoria de Pedro Sánchez en estos momentos.

La debilidad parlamentaria del gobierno y la consiguiente necesidad de recabar apoyos explica, desde un punto de vista estrictamente numérico, las piruetas de los socialistas. Es cierto que los votos de Bildu no fueron finalmente necesarios para aprobar la prórroga, pero la fiabilidad de las lealtades resulta cada vez más volátil y el ejecutivo no podía permitirse una derrota. Supongo que Ferraz habrá valorado el coste electoral de estos bandazos, especialmente para el Partido Socialista de Euskadi, que en julio se someterá al veredicto de las urnas tras pactar con una formación que ha rechazado pero no condenado el reciente ataque contra el domicilio de su secretaria general, Idoia Mendia. Algunos sectores del empresariado local temen que este acercamiento represente un primer paso hacia un eventual tripartito de izquierdas en Ajuria Enea (PSE-Euskadiko Ezkerra, EH-Bildu, Elkarrekin-Podemos), aunque parece que los socialistas vascos se enteraron del acuerdo a posteriori. Sin embargo, no son sólo ellos quienes han quedado estupefactos.

En efecto, el pacto con los antiguos batasunos ha pillado con el pie cambiado a la mayoría de dirigentes, militantes y simpatizantes del PSOE. La hemeroteca está plagada de grandilocuentes declaraciones socialistas, defendiendo su oposición total a cualquier aproximación a los radicales. Sin embargo, también es cierto que la situación ha cambiado de forma sustancial durante los últimos tiempos (la disolución de ETA no es un factor que pueda obviarse), que algunos de quienes ahora se rasgan las vestiduras no tuvieron el menor reparo en pactar con Batasuna en el pasado (empezando por el propio Javier Maroto, siendo alcalde popular de Vitoria-Gasteiz), y que un cordón sanitario crónico a la izquierda abertzale probablemente entorpecería más que facilitaría que sus bases asimilasen progresivamente dinámicas democráticas normalizadas. Por todo ello, considero que lo verdaderamente grave de este acuerdo no es la identidad de sus firmantes, sino tres aspectos vinculados a su contenido: la fractura gubernamental que evidencia, los efectos que tendrá sobre la recuperación económica, y el contexto financiero en que se ha producido.

Efectivamente, por un lado, la crisis política que se ha desatado esta semana no sólo se circunscribe al ámbito interno del partido socialista, sino que ha revelado las inquietantes grietas que se están abriendo en el seno del actual ejecutivo. De hecho, varios ministros que no pertenecen al núcleo duro han manifestado privadamente su enfado y decepción por haberse enterado del pacto por la prensa. Según han revelado diferentes medios, la decisión de dar vía libre al acuerdo con Bildu se tomó la semana pasada, durante los ‘maitines’ del lunes, con la asistencia de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, María Jesús Montero, Salvador Illa, Iván Redondo, Miguel Ángel Oliver, Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique y Juanma del Olmo. Lo primero que sorprende es la decisión de derogar inmediata e íntegramente la actual legislación laboral sin la participación de los ministros de Trabajo, de Seguridad Social, o de Industria, Comercio y Turismo. Pero lo que ya clama al cielo es que este paso se tomase de espaldas a la Vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

En segundo lugar, los nocivos efectos de este acuerdo fueron inmediatamente denunciados por la propia responsable de Economía, quien desautorizó su contenido veinticuatro horas después de conocerse. Tras varios meses de fluido diálogo social, el pacto PSOE-Podemos-Bildu ha puesto en pie de guerra a las partes implicadas: a los sindicatos, porque se han visto fuera de la negociación, y a los empresarios, porque el retorno a la normativa anterior puede resultar demoledor para la recuperación. Como afirmó la propia Calviño, «al Gobierno le pagan para solucionar problemas, no para crearlos. Es absurdo y contraproducente abrir ahora este debate. No podemos crear inseguridad jurídica durante la mayor recesión de nuestra historia. Quiero agradecer públicamente a los empresarios el compromiso y el esfuerzo que están realizando. Cualquier modificación en este ámbito se hará de forma dialogada con los agentes sociales». Una de dos: o el ejecutivo se ha convertido ya en el camarote de los hermanos Marx, o se está larvando una inminente guerra interna que podría terminar como el rosario de la aurora.

Por último, lo más preocupante de este anuncio es el momento en que se produce. Actualmente nadie discute que durante los próximos meses alcanzaremos cotas insostenibles de desempleo y que nuestra deuda pública rebasará ampliamente el 120% del PIB. Afortunadamente, quizás sea posible superar este aterrador horizonte gracias al incipiente programa de ayuda que esboza la UE. Sin embargo, el mensaje que el gobierno ha lanzado esta semana a Europa es totalmente contraproducente, pues apuesta por hacer tabla rasa en materia laboral por motivos exclusivamente políticos, sin mantener aquellos aspectos de la última reforma que demostraron ser eficaces. Este pacto o la composición de la Mesa para la Reconstrucción sugieren que serán las frivolidades ideológicas y los tacticismos partidistas los que definirán la respuesta a la brutal crisis que se avecina, en detrimento de los criterios económicos de carácter nítidamente técnico. A temblar.