Hipócrita discriminación de la educación concertada

En los gobiernos de izquierdas siempre ha habido una cierta reticencia cuando no una férrea oposición al concierto con la escuela privada, pero como de la necesidad se hace virtud, los gobiernos surgidos de la transición constataron que la tradicional educación católica proveniente de siglos pasados y consolidada durante los largos años del régimen franquista, tanto en la escuela pública como en la privada, era un capital que había que compatibilizar y armonizar con el nuevo orden constitucional, entendiendo que un estado laico debía promover una escuela pública exenta de toda formación con carácter religioso.

Lo cierto es que la educación religiosa católica era tradición y toda una realidad arraigada en la sociedad española de la época y así se podía prever que con la democracia alcanzada la nueva escuela pública necesitaba de un concierto con la privada, que en su mayoría estaba auspiciada por comunidades religiosas, congregaciones o asociaciones de signo e ideario religioso, que permitiese al estado escolarizar a todo el potencial alumnado del país. Así los conciertos se sucedieron en cada nueva ley de educación con mayor o menor acierto, pero asumiendo que la educación concertada formaba parte del derecho a la educación y por tanto insertada de forma global en la educación pública.

Hoy nos encontramos con una nueva ley de educación y el enunciado de las siglas ya no auguran nada serio (LOMLOE) Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Continuamos con modificación sobre modificación. Las fracasadas enmiendas a la totalidad eran de esperar, pero existen redactados del nuevo articulado que rechinan, unos de carácter técnico y otros de valores, digamos éticos e ideológicos. Un ejemplo del primer apartado articula que, en lugar de primar el esfuerzo del alumno, se permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspendida; hay otras perlas como la modificación de la demanda social, en detrimento de la escuela concertada y la restricción de libertad de los padres a elegir el centro para sus hijos que, dicho sea de paso, «no son propiedad del estado».

En el apartado de valores se ningunea la asignatura de religión, con la patraña de que, estando incluida en el programa de los centros, no es de obligada elección por los alumnos que, en el caso de negativa, no contempla la sustitución por otra asignatura, y desde luego no computará para la nota media. Y el colmo del despropósito es la inclusión obligatoria de alumnos con necesidades de atención específica en cualquier centro concertado sin recibir subvención compensatoria. La denominada educación sobre identidad sexual o de género es otro capítulo de capital importancia que debía haberse consensuado con especialistas en psicología, docentes con experiencia y representación de padres. Y así podríamos seguir con esta pésima ley de la iluminada Celaá. Pero no nos engañemos, en realidad esta ley es una hipócrita maniobra de este deleznable gobierno. La gran discriminación de la escuela privada frente a la pública no va dirigida contra los centros concertados, lo que pretende en realidad es eliminar la educación religiosa de todos los centros con ideario religioso y, ¡¡oh casualidad!! resulta que son prácticamente todos los concertados. Esta ley atenta contra la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. 

Sin pecar de malicioso podemos afirmar que el acceso a las aulas, no solo la príecopa litúrgica, sino el hecho religioso, se obstruye con esta nueva ley. Nos imbuirán de una praxis ética que adultera el concepto moral de la propia ética universal dimanante del humanismo cristiano. Es como la sabiduría de Sócrates detestada por los políticos de Atenas, solo que hoy no tenemos un Sócrates, pero si un papa Francisco, aunque de poco sirve ante políticos que carecen de sabiduría y sobre todo de sensibilidad.     

Pero Sánchez y su socio no deben preocuparse (sé que les da igual), como siempre los padres directamente afectados por la arbitrariedad de este gobierno, asumirán el coste de la nueva situación apretándose el cinturón, no permitiendo que sus hijos queden sin escolarizar o en manos de una escuela pública, hoy por hoy, insuficiente, precaria y sectaria.

Que nadie se engañe, la decisión de este gobierno tiene mucho mayor calado que suprimir el concierto escolar, es el escandaloso proyecto enmascarado de la extrema izquierda de exterminar todo hecho religioso en la sociedad civil, con el beneplácito del protervo presidente Sánchez.

Luis Álvarez de Vilallonga es expresidente del Rotary Tarragona