Impudor

Estamos presenciando lo más descarnado de la negociación de los cargos institucionales, que se hace particularmente impúdica en lo referente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces que forma el núcleo dirigente del Poder Judicial y que debería estar por tanto desvinculado del Poder Ejecutivo, aunque eso sí coordinado con él.

Con toda naturalidad, se habla de «jueces del Partido Popular, de «jueces del PSOE», de que no habrá «jueces de Unidas Podemos (UP)», de que se descarta el ingreso de jueces independientes demasiado progresistas (en represalia a sentencias ya dictadas que han afectado a quienes vetan). Y ni la opinión pública estalla, ni -y esto es más grave- los jueces se ofenden porque se les suponga cierta subordinación a los intereses -¿y a las consignas?- de las formaciones políticas que les proponen.

Las mayorías cualificadas que la Constitución española impone para la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no se han establecido para que los partidos políticos intercambien apoyos e instalen a sus afines sino para seleccionar a personas que, por su incontestable valía profesional e insobornable independencia, complazcan a una mayoría cualificada de las cámaras parlamentarias.

Desgraciadamente lo que dice nuestra Carta Magna es, en realidad, pura teoría: la realidad, que pasa por un evidente reparto por el sistema de cupos, es mucho más indecente.