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Independencia exprés

No han dicho quién pagará las pensiones o el subsidio de desempleo, a los funcionarios...
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Independientemente de la legalidad o no del referéndum, que convocará –a día de hoy no hay ninguna ley, decreto o resolución aprobada– el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre, llama la atención que a menos de dos meses del mismo no haya prácticamente información alguna de cómo piensa proclamarse la independencia dos días después del referéndum si existe un solo voto más para el ‘sí’.

Se pretende pues que los catalanes votemos en el referéndum apelando únicamente a los sentimientos, y para ello la maquinaria de las entidades soberanistas junto con los diferentes medios de comunicación, oficiales o subvencionados, han hecho un excelente trabajo en los últimos años, parece que ya no interesa qué pasará con Catalunya el día que se declare la independencia, sino simplemente que se declare, a cualquier precio, y sin preocupar el futuro, simplemente apelando a los sentimientos. 

Interesante –salvando las distancias jurídicas e históricas– resulta comparar lo ocurrido en Escocia con el referéndum de independencia de septiembre de 2014. Ya sé, inmediatamente se apelará a que allí el Gobierno autorizó el referéndum, y aquí no, y que la culpa de que no se explique es del Gobierno Español. Pero  todo ello no altera la responsabilidad de que quien propone la independencia debe explicar con detalle a los ciudadanos cómo quiere hacerlo. Porque en ello está el futuro de nuestras vidas y de nuestros hijos. Quien propone el cambio de status quo es quien tiene la obligación, y la responsabilidad, de explicar no sólo las razones sino también el modo en que nos llevará a la independencia. Pocos días antes del referéndum visité parte de Escocia, con un especial interés en la campaña del referéndum, y una de las cuestiones que más me sorprendió fue que ser partidario del ‘sí’ o del ‘no’ no era sólo una cuestión de sentimientos. Se consideraba tan escoceses a los partidarios del ‘sí’ como a los del ‘no’, y no se descalificaba a los partidarios del ‘no’ considerándoles traidores a la causa nacional. El debate nunca fue un debate identitario entre unos partidarios y otros, todos eran escoceses y el debate estaba en el futuro de Escocia, y especialmente, en si los escoceses conseguirían un futuro mejor con la independencia, o al contrario, su vida sería mejor perteneciendo al Reino Unido. 

El 26 de noviembre de 2013, casi un año antes del referéndum, el gobierno de Alex Salmond presentó en Glasgow el denominado Libro Blanco de la Independencia, con el que pretendía informar a la ciudadanía de cómo sería el proceso a la independencia. Libro que contenía 650 preguntas en 670 folios, y lo primero que llama la atención de su lectura es que la independencia no se proclamaría al segundo día, como pretende aquí el gobierno de Puigdemont, sino que se proclamaría el 24 de marzo de 2016, es decir, 18 meses después del referéndum; nadie en su sano juicio puede pretender gestionar un proceso de independencia en 48 horas. Pero sigamos, el libro desarrolla todos los aspectos básicos del proceso: moneda, nacionalidad, gobierno, pensiones, pertenencia a la UE, fronteras, hacienda, seguridad social y un largo etc. La comparativa con la propuesta de Puigdemont y sus socios es desoladora, a menos de 50 días del referéndum, ni siquiera tenemos aprobada la ley que regulará la consulta, y la famosa Ley de Transitoriedad Jurídica sigue manteniéndose en secreto, en un ejercicio de ocultismo que choca con los más elementales principios de trasparencia. Eso sí, repiten, por activa y pasiva, que a las 48 horas del referéndum, con sólo un voto más en el sí, proclamarán la independencia.

Aquí se sigue sin explicar a los ciudadanos qué es lo que pretenden hacer a las 48 horas del referéndum, cómo asumirán la independencia, quién pagará las pensiones o el subsidio de desempleo, los sueldos de los funcionarios, qué moneda tendremos, qué pasara con los turistas, si necesitarán o no visado, cómo asumirán las infraestructuras actuales en manos del Estado, qué IRPF tendremos, qué tipos de IVA, cómo conseguirán permanecer en la EU cuando los portavoces oficiales han dicho que la independencia conllevaría la inmediata salida, quién hará funcionar los trenes, aeropuertos e incluso cómo se calcularán los intereses de nuestras hipotecas si se sale del sistema monetario europeo, y así un largo etc. Pero recordemos que el secretario de Hacienda de la Generalitat, el Sr. Salvadó, manifestó que el estado catalán independiente necesitaría 50.000 millones para sobrevivir en una primera fase, increíble, casi una cuarta parte de todo el PIB catalán simplemente para sobrevivir; y la pregunta, que sigue sin responderse, es de dónde se obtendrá tan magnífica suma, que supera en mucho lo que recaudan en Catalunya el Estado y la Generalitat juntos en impuestos durante un año. ¿Quién financiará este dispendio cuando hablamos de un estado nuevo cuyos dirigentes han llevado a la deuda de la Generalitat a ser calificada como bono basura por las agencias de ranking? Todo ello sólo puede tener una explicación, el Gobierno de Puigdemont es el primero en no creerse que en menos de 50 días va a declararse la independencia.

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