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Injusticia sobre injusticia

No tiene ningún sentido que en un caso de violencia de género siga operando el privilegio legal de estar aforado
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La acusación contra el exministro Jiménez Aguilar, el promotor de la primera ley contra la violencia de género, ha causado una conmoción general y de nuevo ha suscitado en determinados círculos la cuestión de si esta legislación estricta, que prácticamente invierte la carga de la prueba y obliga al presunto agresor a demostrar su inocencia, es realmente compatible con el sistema de garantías de una democracia madura. La respuesta ha de ser sin duda afirmativa. En este país, hay aún unas 125.000 denuncias al año por violencia doméstica -27.000 en Andalucía, 19.500 en Madrid, etc.- , y todavía mueren al año varias docenas de víctimas. En estas circunstancias, es claro que el problema no está resuelto y que hemos de hacer, además de justicia, pedagogía y mucha educación desde los más elementales principios. La principal garantía ha de ofrecerse, sin ningún género de dudas, a las mujeres, que han de saber que su denuncia no se convertirá en un kafkiano ir y venir hacia ninguna parte. Y que su problema se resolverá en un tiempo lo más breve posible, lo que les evitará una incertidumbre dilatada que añade sufrimiento a la grave situación. En el caso de Jiménez Aguilar, el proceso será más largo todavía porque el presunto agresor está aforado. Este sí que es un obstáculo que hay que eliminar a toda prisa porque no hay derecho a que, ante delitos tan repugnantes, haya todavía ciudadanos de primera y de segunda clase.

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