Jueces, fiscales y charlatanes

El mes de febrero de 2017 ha sido, en España, el mes de los jueces, los fiscales y los charlatanes. Para que en ese mes el pueblo español en su totalidad (la Catalunya independentista incluida) se haya convertido en un enorme tribunal popular, que buscaba no una justicia con arreglo al derecho, sino con arreglo a los sentimientos del pueblo. A veces con ira y otra con rencor cainita.

Los magistrados(as) y tribunales que han impartido justicia han sido comedidos. Han estado en su papel de impartir justicia de acuerdo con el ordenamiento jurídico que nos hemos dado democráticamente los españoles. Han estado callados antes, durante y después del juicio hasta dictar sentencia. Al menos ha sido así hasta ahora.

Muchos periodistas se sorprendieron de que no se hubiera filtrado la sentencia que dictaron las tres magistradas del Tribunal Superior de Mallorca. Luego supimos que escribieron mil folios de sentencia. ¡Mil folios! Facilitaron la sentencia a las doce del mediodía, y en los telediarios y boletines de noticias radiofónicos ya oímos cosas como que le habían perdonado la vida –o casi– a Iñaki Urdangarin y a Cristina de Borbón. ¿Por qué? Porque prefirieron la sentencia del Tribunal Popular –que pedía durísimas penas para los dos– en lugar de la sentencia del profesional Tribunal Superior de Palma. Algunos decían «¿pero quién se va a leer mil folios?». Y otros, «¡se han ido de rositas!» y «¡la justicia no es igual para todos!». ¡Cuánta carnaza! Pero es más. Por la noche las tertulias estaban en la misma línea y al día siguiente los diarios publicaron sendas editoriales sin haberse leído (no habían tenido tiempo) la sentencia. Los charlatanes públicos pontificaban sobre la sentencia sin leerla. Mejor dicho, los charlatanes hubieran dicho lo mismo fuera cual fuere la sentencia, porque ellos ya habían impartido justicia con la sentencia del Tribunal Popular. Lo mismo pasó con las tarjetas black de Bankia-Cajamadrid. Todo un montaje de juicio (macrojuicio) con treinta y tantos acusados, total para doce millones y medio de euros gastados en 11 años de los que se lucraron injustamente los que estaban en el banquillo. Muchos, la mayoría, habían devuelto el dinero de las tarjetas. No había derecho lucrarse con el dinero de los clientes de Bankia-Cajamadrid. Pero el Tribunal Popular ya había dictado sentencia, apoyándose en los Tribunales de Papel-prensa. ¿Y Caixa Catalunya de Narcís Serra y Adolf Todó? Nada. También declaró Artur Mas y sus dos consejeras del Gobierno por desobedecer al Tribunal Constitucional. Resulta que el referéndum del 9N era una «consulta», y que los organizadores eran los «voluntarios». Lo relevante de este juicio –como después el juicio contra Francesc Homs (el abogado del Gobierno de la Generalitat que no entiende las sentencias del Tribunal Constitucional)– es que fue precedido por una coreografía de independentistas, esteladas, gritos de «independencia» y la Fiscal Jefe del TS de Catalunya, abucheada.

Gritaban que España no es un estado de derecho, que el Estado está muerto, que queremos «salir, ¡ya!», «¡fascistas!» y un largo etcétera que me ahorro. Los independentistas habían dictado su sentencia: «¡absolución!», y si no España no es un estado de derecho y la justicia está vendida al Gobierno. La sentencia estaba (está) dictada. Junto a estos ‘tribunales populares’ no ha faltado algún juez instructor y fiscal con más boca que deseos de justicia, y con más adicción a salir en los medios que al estudio de los códigos y libros de derecho, que al no darles razón el tribunal que juzgó sus casos –es el caso Nóos– han criticado la sentencia. En España en que jueces instructores, según los medios de comunicación, son los que sentencian, porque si imputan los acusados ya son culpables. Los sumarios ya no son secretos, sino públicos desde el primer momento, utilizando «fuentes jurídicas». Es el caso del juez José Castro del ‘caso Nóos’, o el magistrado Santi Vidal, senador independentista que ha dicho por toda Catalunya que tienen todos los datos fiscales de los catalanes (reconoció que era «ilegal») y que una franquicia de El Mossad (los servicios secretos de Israel) asesoraba a los Mossos (policía catalana) para crear un servicio de inteligencia. Y qué casualidad, tanto Castro como Vidal proceden del ‘cuarto turno’, es decir jueces que no son de carrera sino que han alcanzado esta categoría desde el ejercicio de su profesión de abogados (el primero era un funcionario de prisiones y el segundo un abogado laboralista de izquierdas). O el fiscal Horrach, que exculpa a Cristina, arremete contra su marido, critica la sentencia y anuncia que dejará la fiscalía por un bufete de abogados.

¡Cuánta charlatanería! Y cuánta razón tiene el veterano periodista Antoni Coll, cuando dice que por qué en los estudios de periodismo no se cursan asignaturas de derecho y así los periodistas conocerían cómo funciona un procedimiento penal o civil. Dios mío, ¡cómo está la Justicia!