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Juicio a la democracia

El juicio es público y será debidamente fiscalizado por toda clase de periodistas acreditados y expertos internacionales

Alberto Reig

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Juicio a la democracia

Juicio a la democracia

Ya se pueden ustedes imaginar a qué me estoy refiriendo antes de entrar en detalles. Tales son los brillantes resultados de una inclemente propaganda política que no atiende ni atenderá al menor atisbo de racionalidad. Con semejante título Judici a la democràcia inauguraba este martes 12 de febrero en que escribo, Òmnium, una supuesta organización cultural (sic) creada en 1961 para promocionar la lengua y la cultura catalanas, pero toda ella entregada en cuerpo y alma a promocionar el procés independentista en Catalunya, un panfleto en forma de periódico que presumo seguirá publicando a lo largo del juicio. Se trata de ocho páginas impresas en papel que puede descargarse digitalmente y del que se repartieron gratuitamente nada menos que 120.000 ejemplares en Barcelona, en su área metropolitana y en 42 comarcas más el primer día del llamado a ser presentado sin el menor rubor e impostada grandilocuencia como el «juicio del siglo». 

Semejante rotativo se ha imprimido en tinta negra y roja para revestirlo de un signo «revolucionario» anarcoide o… falangista, que ya sabemos que los extremos se tocan y confunden. Está íntegra y exclusivamente dedicado al procés, sirviéndose para ello de artículos, reportajes y entrevistas en los que se denuncia con el fundamentalismo inherente al creyente o al visionario la intolerable vulneración de derechos fundamentales en que presuntamente incurre el Estado español, y congratulándose del supuesto pronunciamiento en contra de semejante represión por parte de una serie de entidades internacionales pro derechos humanos, y refiriéndose a una serie de sentencias judiciales polémicas, como la famosa de La Manada, la de la banca y las hipotecas y en contra de la libertad de expresión condenando a una serie de titiriteros o raperos para demostrar que el Estado español no es un Estado de Derecho, que nuestro sistema democrático es una farsa, que la magistratura no está compuesta por jueces independientes y apenas sirven a los intereses del Gobierno, y que los líderes independentistas catalanes son unos inocentes corderitos que se encaminan inexorablemente al altar del sacrificio sin más presunto delito cometido que ser unos patriotas. 

No es un juicio a la democracia española, sino un juicio de la democracia española a quienes han intentado quebrarla

Pues bien, todas estas afirmaciones son un conjunto de grotescas mentiras en la que se insiste hasta la saciedad en el buen entendimiento goebelsiano de que mil veces repetidas acaban constituyéndose en verdades indiscutidas. Es imposible en el espacio de que dispongo acometer un análisis detallado y exhaustivo desde la lógica, la razón y las evidencias empíricas cuando nos enfrentamos al súmmun de la irracionalidad y la demencia. No es un juicio a la democracia española, sino un juicio de la democracia española a quienes -supuestamente- han intentado quebrarla. 

No nos juzgan a los catalanes
No nos juzgan a todos los catalanes como se dice (tomar la parte por el todo es un signo inequívoco de las mentalidades totalitarias) sino exclusivamente a quienes han cometido pretendidos delitos que habrán de establecerse en el juicio oral. Nada de lo dicho y escrito sirve para nada sino se prueba en sala, que es el único lugar donde se pueden acreditar las pruebas de la acusación y de la defensa. Los acusados no tienen que probar su inocencia, sino que es el tribunal a quien le corresponde dictaminar su presunta culpabilidad o sentenciar su libre absolución de acuerdo con la Ley.

El juicio es público y será debidamente fiscalizado por toda clase de periodistas acreditados y expertos internacionales. Además se retransmite en directo por televisión, algo que no admiten multitud de tribunales de países inequívocamente democráticos. Imposible mayor transparencia. Es de sentido común que no puede modificarse la Constitución de todos, sobre la base de una ley de una Comunidad Autónoma disponiendo apenas del voto de 70 diputados cuando para modificar el propio Estatuto se necesitan 90 y se ha violentado a conciencia saltándose culposamente todos los dictámenes de los propios letrados del Parlament y del tribunal Constitucional. 

El 47,8% de catalanes no representan la supuesta mayoría social del 80% que esgrimen estar a favor de la secesión. Tal es una grosera falsedad. La Constitución española es tan garantista de los derechos y libertades de sus ciudadanos y de los mecanismos de reforma previstos como cualquiera otra de las grandes constituciones escritas de las democracias más antiguas y consolidadas de nuestro entorno político y cultural. El supuesto y pretendido derecho de autodeterminación del pueblo catalán es una falacia que no encuentra, contrariamente a lo que se dice mintiendo a sabiendas, el menor apoyo en el Derecho Internacional que se manifiesta claramente contrario «a fomentar cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes», sólo lo contempla para países colonizados o en los que se transgreden sistemáticamente los Derechos Humanos.


El llamado diferendo catalán es antes que nada un conflicto entre catalanes que tiene que sustanciarse entre los propios catalanes

Se ignora por completo en qué consisten los derechos humanos confundiéndolos con derechos políticos o presuntamente «naturales». Aburre ya tener que estar reiterando constantemente que de acuerdo con los medidores más serios de calidad democrática internacionales de 167 países, España ocupa el lugar 19, por delante de los EE.UU., (25), Portugal (27), Francia (29), Bélgica (31) o Italia (33). 
Se miente de nuevo desvergonzadamente cuando se dice que España es sistemáticamente denunciada ante el Tribubal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como si este fuera un país de conspicuos delincuentes. 

España ha recibido sentencias condenatorias de dicho tribunal en una medida muy inferior a países como Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal o Suiza, que por lo visto son más democráticos que nosotros. Por ejemplo, «entre 1979 y 2017, España, con 45 millones de habitantes, ha sido condenada por el Tribunal Europeo en 103 sentencias, mientras que Francia, en el mismo periodo, con 66 millones de personas, lo ha sido en 728 ocasiones». Y nadie osará negar el carácter democrático de nuestros vecinos franceses. España dispone de un sistema garantista modélico, mal que les pese a los procesados y a sus partidarios que disponen de todo el derecho a recurrir la sentencia, lo que se producirá sin la menor duda sean cuales fueren las sentencias, ante el TC y el TEDH. No parece que se quiera entender que el llamado diferendo catalán es antes que nada un conflicto entre catalanes que tiene que sustanciarse de entrada entre los propios catalanes. No parece que una sociedad dividida a la que se quiere violentar con un sí o no, sea de inicio la mejor solución al conflicto. 

Victimismo, impasible el ademán
El victimismo proseguirá impasible. El ademán y las manifestaciones de indignados independentistas, como la que en el momento de escribir estas líneas [ayer para el lector] tiene lugar en la plaza Imperial Tarraco ante la Subdelegación del Gobierno y que concentra a cerca de 1.500 personas según el Diari, proseguirán con la firme convicción de que defienden derechos (privilegios) indiscutibles que, además, creen de justicia que se les han de conceder sin disponer siquiera de las mayorías cualificadas que se requieren en estos casos. 

En dicha concentración se portan pancartas de fake justice sin pararse a considerar ni por un momento que todo el argumentario está montado sobre manifiestos supuestos de probada falsedad que, más pronto o más tarde acabarán se desintegrándose ante el duro muro de la realidad.


Alberto Reig Tapia es catedrático de Ciencia Política de la URV desde 2002. Sus líneas de investigación son: política española contemporánea: II República, Guerra Civil, franquismo, transición, Memoria histórica, Revisionismo y neofranquismo.

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