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La condesa está triste

El hedor que surge del PP madrileño comienza a resultar insoportable

Dánel Arzamendi

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L as actuaciones del juez Eloy Velasco han acaparado esta semana la actualidad informativa, tras coordinar un amplio operativo de la UCO contra significadas personalidades y empresas españolas. Entre otras medidas (y pese a la sospechosa oposición del fiscal anticorrupción) el magistrado ha ordenado el registro de las sedes de Indra y PWC, así como la detención del dirigente popular Ignacio González y el empresario Javier López Madrid, consejero de OHL y antiguo compiyogui de la princesa Letizia. La investigación ha sido bautizada como Operación Lezo por su vinculación con Cartagena de Indias, ciudad que superó un feroz asedio británico bajo el mando del gran estratega pasaitarra Blas de Lezo Olabarrieta, y donde a su vez la Guardia Civil espió al antiguo presidente de la Comunidad de Madrid mientras transportaba unas sospechosas bolsas blancas allá por el año 2008. Nueve años tirando del hilo han servido para poner entre rejas a quien fuera secretario general del PP madrileño por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II: malversación, prevaricación, cohecho, fraude, blanqueo, etc.

Según se deduce de las investigaciones practicadas por la Audiencia Nacional, las formas en que se desviaban dichas cantidades eran variadas, aunque destacaba un procedimiento tremendamente simple: la compañía pública compraba en el extranjero empresas del sector a precios desorbitados, y el vendedor devolvía parte de la plusvalía a los responsables políticos que habían ordenado la ruinosa adquisición desde España. Presuntamente, también inflaban el importe de los servicios prestados por proveedores españoles del Canal de Isabel II, y a cambio estas empresas pagaban las deudas del PP mediante facturas falsas emitidas por los acreedores del partido. Sencillo, lucrativo y limpio (siempre que nadie fiscalizase dichas operaciones con un mínimo rigor, un factor que puede darse por descontado en este país de pandereta). Por poner un ejemplo, el Canal compró a través de la sociedad instrumental Inassa la compañía brasileña Emissao por más de veinte millones de euros, y un año después su valor contable era tan sólo de cinco. Demasiado descarado, incluso para un supervisor ibérico.

El hedor que surge del PP madrileño comienza a resultar insoportable (lo que robaban en Valencia acabará pareciendo un juego de niños), aunque lo más alarmante es que carezca de la más mínima consecuencia a nivel político. Tal y como se esperaba, Esperanza Aguirre ha intentado asumir el papel de víctima, con la voz entrecortada y lágrimas de cocodrilo. Como diría Rubén Darío, la condesa está triste, ¿qué tendrá la condesa? Aunque la expresidenta madrileña siempre se ha caracterizado por su habilidad para salir indemne (o incluso reforzada) de situaciones comprometidas, no debe de ser fácil idear una explicación creíble que la exonere políticamente a estas alturas. Después de todo, el equipo que la arropó en sus tiempos de gloria se encuentra implicado hasta las cejas en todo tipo de escándalos: Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Lucía Figar… Quizás sea el momento de recordar una de sus frases más célebres, pronunciada en 2015: “A mí nadie me hace el programa ni las listas”. Pues la condesa de Bornos tendría que hacérselo mirar, teniendo en cuenta que entre sus nombramientos ya hay más de una veintena de imputados: o bien sabía lo que hacía (en cuyo caso, es cómplice de corrupción) o bien se la han estado colando durante décadas (en cuyo caso, probablemente nos encontremos ante la gestora de equipos humanos más incompetente de la historia). En el momento en que escribo estas líneas se debate su posible dimisión, mientras sigue brotando más y más basura a su alrededor.

En cualquier caso, desde mi punto de vista, lo más relevante de la Operación Lezo no es la constatación de que la cúpula del PP está infestada de ladrones y sinvergüenzas, ni la confirmación de que la red de intereses espurios que el poder político español ha tejido con algunos sectores empresariales ha saqueado sin trabas ni escrúpulos las esquilmadas arcas públicas durante décadas. Eso ya lo sabíamos todos. Lo novedoso del caso ha sido la detección colateral de implicaciones periodísticas en este sórdido asunto.

Efectivamente, una de las actuaciones ordenadas por el juez consistió en pinchar el teléfono de Edmundo Rodríguez, consejero de La Razón y uno de los personajes claves en la trama corrupta. De las grabaciones realizadas durante esta intervención, se deduce la implicación de Francisco Marhuenda y Mauricio Casals (director y presidente de dicho diario) en un presunto intento de presionar a través del periódico a Cristina Cifuentes para evitar que tirara de la manta en el escándalo del Canal de Isabel II. El juez les investiga en estos momentos por posibles delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal.

Más allá de la situación personal de ambos, el espectáculo ofrecido por el grupo mediático propietario de La Razón ha sido lamentable. Primero, por la posibilidad de que uno de los grandes periódicos españoles haya intentado encubrir a unos delincuentes. Segundo, porque se haya podido usar como arma de extorsión el modo en que dicho diario informaba sobre la realidad política a la opinión pública. Tercero, porque una cadena de televisión como La Sexta (que comparte propietario con La Razón) difuminase de forma evidente las repercusiones de la Operación Lezo sobre su propio grupo de comunicación. Y cuarto, porque el habitualmente inquisitivo García Ferreras se prestase a una entrevista-masaje como la que el viernes dedicó a Marhuenda en su programa matutino. Sólo Mariano Rajoy (en TVE) y los presidentes autonómicos (en sus respectivas televisiones públicas) son interrogados con tanta benevolencia. A este paso, Podemos va a tener que añadir un remolque al autobús de la trama.

danelarzamendi@gmail.com

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