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La crisis es la que era

Dedicar más gasto público a cubrir necesidades reales exige suprimir el que no hace falta
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Aunque la incertidumbre poselectoral –quién gobernará y con quién– parece dominarlo todo estos días, la situación económica sigue lejos de haber entrado en el ciclo virtuoso que la propaganda oficial pretende hacernos creer. Lo que, por cierto y en contra de sus expectativas, no parece haber rendido los frutos pretendidos al Partido Popular (PP). No es que las cosas no hayan mejorado, lo han hecho –es palpable–, pero muchos problemas de fondo no se han resuelto y, aun siendo menos malas, algunas cifras continúan dando pocos motivos para entonar un mensaje triunfalista; entre otras, las que lucen las finanzas públicas. Bueno será que lo tengan en cuenta, tanto los que todavía gobiernan, como quienes se vayan incorporando a la gestión de comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y demás. Porque, aunque se presuma haber reformado mucho, en realidad se ha hecho poco, no del todo bien, y queda mucho por abordar.

Sin ánimo de ser agorero, toca reconocer que el país sigue sumido en una seria crisis fiscal; es decir, unos niveles de gasto que exceden lo que es capaz de recaudar y una deuda creciente difícil de sostener. Traducido a cifras concretas, en 2014 gastó algo más de 61.000 millones de euros por encima del total de impuestos aportados por la sociedad. Y el año en curso, en el mejor de los casos, el desajuste no bajará de los 45.000 millones. De ahí que la deuda viva esté ya por encima del billón (con b) de euros, con un desequilibrio anual que sigue siendo inquietante, aun siendo verdad que se ha reducido a casi la mitad del récord alcanzado tres años atrás.

La receta aplicada, bautizada como ‘austericidio’ por sus detractores, no ha sido muy imaginativa, recortar gastos y subir ingresos, pero tiene un recorrido más bien escaso y mucho que corregir. Por un lado, partidas tan significativas como sanidad y pensiones van a sufrir creciente presión al alza por puro imperativo demográfico. Otras, como educación e infraestructuras, deben recuperar cuanto antes niveles razonables para no seguir comprometiendo el futuro, y no hace falta señalar que la inclinación mostrada por el electorado favorece el aumento de componentes del llamado gasto social. Sólo el capítulo de desempleo muestra una relativa tendencia bajista y la carga de intereses de la deuda parece haber frenado su progresión, aunque dependerá de cómo evolucionen los mercados de deuda y la prima de riesgo, del todo condicionados, entre otras cosas, por la gestión de la irresuelta crisis de deuda que padece en conjunto la eurozona. Ignorar los riesgos que entraña, tratando de actuar –gastar– al margen, puede resultar letal

El lado de los ingresos discurre condicionado por el modelo tributario recién reformado, pero toca valorar el discreto aumento de la recaudación derivado de haber elevado nada menos que casi medio centenar de impuestos en los tres últimos años, y considerar también si la presión fiscal efectiva –la que se aplica a los que pagan y no eluden– ha alcanzado o no el límite de su capacidad. Es verdad que abundan las propuestas de hacer pagar más a los ricos –falta hace–, pero sobran experiencias para constatar que lograrlo cuesta más que decirlo, por indignante que resulte lo mucho que se sigue evadiendo, aquí y allá.

La consecuencia es que queda mucho e importante que reformar. Lo hay del lado del gasto público, sobre todo en partes que han permanecido incólumes a la mejor o peor gestionada austeridad. Cuestiones como bajar sueldos, suprimir coches oficiales, dietas y dispendios de representación son llamativas, puede que ejemplarizantes, pero más efectivo será racionalizar de una vez el área pública, eliminando duplicidades, superposiciones y estructuras prescindibles, que las hay y muchas. No deja de ser sorprendente la ausencia de propuestas en tal sentido de quienes critican, a menudo con fundamento, los recortes que han erosionado prestaciones esenciales, haya sido menos o más. De alguna manera, convendría exigir a los gobernantes que sólo incrementaran o crearan partidas de gasto cuando hubiesen desaparecido todas las que no tienen razón de ser, en lugar de hacer lo primero y dejar para después, o nunca, lo segundo.

Nada de eso desmiente la necesidad de articular un sistema tributario que logre recaudar, de forma eficaz y equitativa, lo necesario para atender los costes de un modelo de bienestar al que no se quiere ni probablemente se debe renunciar. Acabando, entre otras cosas, con las falaces y recurrentes promesas de subir prestaciones y bajar impuestos, de las que tanto se viene abusando, elección tras elección. También en este aspecto queda mucho por avanzar, tanto en el plano estrictamente doméstico, como en materia de auténtica cooperación entre estados para cegar, de una vez por todas, las variadas opciones que existen para situar rentas y patrimonio lejos del alcance de la hacienda propia, para escarnio de quienes cumplen con la legalidad.

De lo que no cabe la menor duda es de que, sin acometer reformas –éstas, pero también otras–, de forma más real y efectiva que gestual y propagandística, la crisis que aún no se ha marchado del todo acabará dando muestras, peores y más dolorosas, de que sigue aquí.

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