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La culpa no es del sistema

El corpus normativo de nuestra democracia no es el causante de la deriva que padecemos
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El desagrado de la opinión pública ante el desarrollo del proceso político, que dio lugar a la gran movilización de los indignados y que ha provocado espontáneamente cambios de calado en el abanico de partidos, está siendo analizado, no siempre con acierto, por los politólogos del reino, con un resultado preocupante. Titulares como ‘SOS: la democracia española hace agua’ se prodigan estos días en la prensa, para desconcierto de muchos ciudadanos que, con su sabia intuición, han llegado hace tiempo a la conclusión de que lo que falla no es el sistema sino sus gestores, la clase política, cuya conducta en líneas generales (y con las honrosas excepciones de siempre) no ha estado a la altura de los requerimientos.

El sistema político vigente definido por la Constitución de 1978 y las normas que la desarrollan –entre ellas, la ley electoral– necesita una actualización, una puesta al día, porque en 37 años la concepción del mundo se ha moder- nizado como es natural. La necesidad de eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, por ejemplo, pone de manifiesto lo que se quiere decir. Pero en términos generales, el corpus normativo de nuestra democracia funciona perfectamente y no es el causante de la deriva que hemos padecido, de la desafección que se ha generado hacia la política ni de las carencias de un modelo de representación del que nos hemos distanciado.

Escribía este domingo, con razón, uno de esos politólogos que escarban en las dificultades del modelo que hay que superar la partitocracia, es decir, la situación por la cual los partidos «desvirtúan la división de poderes», es decir, «no se limitan a ocupar la posición que les corresponde constitucionalmente sino que tienden a ocupar y repartirse toda la organización estatal e, incluso, en buena parte se entrometen en la sociedad misma». Es preciso, en efecto, abrir los partidos a la sociedad; hacerlos permeables a la ciudadanía y en particular a las generaciones emergentes; mejorar la democracia interna para que circulen las elites; vincular a los simpatizantes a la selección de líderes, etc. Pero para todo ello, no es necesario –no está siendo necesario, en realidad– cambiar «el sistema político»: ha bastado con la voluntad de algunos responsables políticos para que ciertas organizaciones partidarias nuevas y viejas estén emprendiendo este camino. Las que no se adapten, probablemente perecerán en el intento.

Otro asunto en que la democracia se ha desvirtuado es el sometimiento de ciertas instituciones que deberían proveerse por consenso parlamentario a la disciplina de los partidos: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de RTVE, etc. En este caso, la degradación proviene de la aplicación subrepticia y viciada del método de cupos, por lo que el apoyo por mayoría cualificada a cada candidato se sustituye por el trueque de unos candidatos fieles a la disciplina de partido por otros. De este modo, en lugar de personalidades capaces de suscitar la adhesión de muchos, llegan a los puestos simples peones obedientes al mandato de sus jefes políticos.

No es, pues, el sistema el que falla, sino la magnanimidad de los políticos, su compromiso con los valores democráticos, su sentido de la responsabilidad hacia una sociedad que los elige para que lideren el autogobierno colectivo y no para que usurpen la voluntad popular. En consecuencia, lo que hay que hacer es establecer más mecanismos de control para que el desarrollo institucional no se tergiverse y ser mucho más exigente hacia una clase política que, en muchos casos, no siente todavía sobre el cogote la respiración airada de la ciudadanía.

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