La desmemoria histórica

Hace 76 años que medio millón de muertos y dos millones de exiliados marcaron la historia de este país. Todo porque las dos Españas se enzarzaron en sus posiciones enquistadas. Además, Galicia, el País Vasco y Cataluña perdieron sus regímenes autonómicos. Tres cuartos de siglo después parece que no hemos aprendido. Para cerrar aquel período, el 26 de diciembre de 2007 se aprobó por los representantes del pueblo una ley, la Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor el día siguiente. Un poco más y entra en las inocentadas. No queremos humor negro, pero sí hacer notar que el gobierno de España ha hecho bien poco por llevarla a a cabo en sus términos.

Recordemos, pues: en la Exposición de Motivos se hablaba de espíritu de reconciliación y concordia, en una clara vocación de integración. Reconocía la ley que aún quedaban iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de los ciudadanos en ese sentido. La Ley recogía así la propuesta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de fecha 20 de noviembre de 2002 (¡vaya fecha!) que aprobó por unanimidad la condena de la violencia y del franquismo siguiendo el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 que denunciaba las graves violaciones de los derechos humanos en España entre 1939 y 1975.

La Ley se hizo para «honrar y recuperar para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios por motivos políticos, ideológicos o religiosos y desde luego por los que perdieron la vida y a sus familiares». Por ello reconoce (artículo 2) el derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, con acceso a los Tribunales de Justicia (artículo 4). Afirma que las Administraciones Públicas facilitarán a los descendientes directos de las víctimas para que soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil y la represión posterior, cuyo paradero se ignore, según señala el artículo 11.

Asimismo, estos organismos públicos (lo que incluye a la Justicia, a la Fiscalía, etc.) tomarán medidas para la identificación y localización de dichas víctimas, elaborando el gobierno mapas y facilitando el traslado de los restos.

¿Es esto lo que verdaderamente ha ocurrido en los ocho años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley? Por lo que se ha venido publicando, hay más de dos mil localizaciones sin desarrollar, y en otros casos, la intervención de las Administraciones públicas ha dejado mucho que desear, cuando no ha habido una desgana evidente.

Ya no hablemos del Valle de los Caídos, cuyo destino aún queda en el aire del Guadarrama. El caso es que no se ha cumplido lo que la Ley señala: dar cumplida, definitiva, respuesta a los anhelos ciudadanos para enterrar los restos.

Setenta y seis años después, nadie –salvo cuatro rencorosos– quiere volver a aquella época. Para siempre. Para que unos restos humanos no se deshagan en una cuneta cualquiera. Y olvidar.