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Opinion EDITORIAL

La distensión se demuestra con hechos

El acercamiento de los presos a Catalunya es imprescindible para abrir el camino a la distensión y al diálogo efectivo.

 

Diari de Tarragona

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El juez Llarena pasa la pelota del acercamiento de presos al Gobierno. EFE

El juez Llarena pasa la pelota del acercamiento de presos al Gobierno. EFE

Una de las esperanzas que ha aportado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es abrir caminos al diálogo y a la distensión que permitan buscar soluciones al problema de Catalunya. El diálogo ha comenzado a andar con una llamada telefónica entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el president de la Generalitat, Quim Torra. El siguiente paso que se valora de forma general como necesario es el acercamiento de los presos a cárceles de Catalunya. Las declaraciones ayer a Onda Cero del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deben contribuir a hacer efectivo este traslado. No deja de ser curioso, no obstante, que Marlasca supedite dicho traslado a la autorización del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En cambio, el magistrado interpelado, recuerda que el artículo 79 LOGP dispone que «corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente Ley, salvo respecto de las Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria». Se da el caso, además, que Catalunya tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. Está claro que si hasta ahora no se ha autorizado el traslado a centros de Catalunya es por el temor de que las cárceles que acojan a los ex consejeros se convierta en lugar de peregrinaje y manifestación permanente por parte de los sectores independentistas. Actualmente, con la dispersión de los presos en cárceles de Madrid, resulta imposible desplegar una táctica de protesta permanente por los evidentes problemas de logística. Es evidente que la decisión del traslado está en manos del Gobierno y deberá asumir la responsabilidad sin ampararse en los jueces. Ningún acuerdo sobre Catalunya podrá avanzar mientras haya medio Govern y la expresidenta del Parlament en la cárcel. El riesgo de manifestaciones es muy secundario y el de fuga intrascendente.

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