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La escuela entre el fundamentalismo y la libertad

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Desde hace demasiado tiempo se está utilizando la escuela, la enseñanza, como blanco de las luchas ideológicas, sin que los distintos componentes de la sociedad se pongan de acuerdo sobre cómo debe ser la comunidad educativa en el siglo XXI.

En el caso concreto de España se han aprobado ocho leyes orgánicas sobre la educación en los últimos 35 años, y ninguna de ellas ha tenido la virtud de conseguir un consenso sobre el papel que deben tener los tres principales protagonistas o sujetos de la educación: los padres, los profesores y los alumnos.

La ‘escuela’ no es ningún protagonista ni sujeto de la educación, sino simplemente la estructura física que da abrigo a la práctica de la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobado por la ONU, en su artículo 26 dice: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz». Y añade a renglón seguido: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».

Análogamente el artículo 27 de la Constitución española del 1978 afirma: «Se reconoce la libertad de enseñanza». Y también: «Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca». Y además: «Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca».

Es decir que hablar de enseñanza es en primer lugar hablar de libertad, una libertad ejercida por personas y no por entes públicos: libertad de los padres para elegir el centro, libertad de la sociedad para crear centros docentes, libertad y autonomía de los centros para elegir el modelo educativo que quieran, con respeto a las leyes, y libertad de cátedra para los profesores, dentro del respeto al modelo educativo del centro.

A esta suma de libertades se le opone la opresión de quienes quieren imponer en la sociedad democrática el principio de una escuela única, de un modelo único, queriendo así uniformar la sociedad, como se hizo en los regímenes totalitarios fascistas y comunistas del siglo XX. El fascismo y el totalitarismo no han muerto, rebrotan cada vez que se habla de libertad y de derechos fundamentales, como en el caso de la enseñanza.

Si la libertad de enseñanza proclama y fomenta una pluralidad de modelos educativos porque la sociedad democrática es plural, ¿por qué imponer un modelo único de escuela, laico y público? Si la escuela debe ser pública y laica, como piden unos 100.000 firmantes de una iniciativa legislativa popular (ILP), ¿dónde está la libertad de los padres a elegir, como pide la Declaración Universal de Derechos Humanos? Se le privaría a los padres de su derecho fundamental no ya a elegir entre una escuela pública o privada, sino entre un modelo educativo u otro, incluso dentro de la escuela pública. Si se pide una escuela laica, legítimamente, ¿por qué se impide una escuela confesional o de otro tipo? ¿Dónde está la libertad? ¿No estamos cayendo en un fundamentalismo laicista?

¿Por qué se impide que haya una pluralidad de modelos educativos? Y me responden: porque los ciudadanos somos todos iguales y no caben discriminaciones. Pero ¿la igualdad está por encima de la libertad? Esto ya se ensayó en los regímenes comunistas y fascistas y fracasó estrepitosamente. La igualdad se consigue cuando todos los alumnos tienen las mismas oportunidades ante los distintos modelos educativos. Es decir que todos los centros deberían recibir los mismos recursos públicos, y eso hoy por hoy no es así, pues la financiación con dinero público de las escuelas de iniciativa privada o social no alcanza el 65 por ciento del coste que tienen los centros públicos, donde además los profesores tienen un mejor salario. El resto tienen que ponerlo los padres y así se discrimina la escuela.

Con todas las discusiones ideológicas no hemos mejorado la calidad de enseñanza en España, pues cada año, en los controles de nivel, o en las pruebas de PISA, estamos en la cola de Europa, y cuando no fallan las matemáticas falla la comprensión lectora, o la expresión escrita, o las ciencias naturales, o… Tenemos un modelo fracasado ¿Por qué la escuela pública no ofrece una pluralidad de modelos educativos, como pasa en tantos países de nuestro entorno?

Ahora que empieza el curso son algunas reflexiones cuyo único interés está en lanzar a la opinión pública la necesidad de un gran pacto sobre la educación. Sobran leyes, y falta consenso y libertad.

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